Jazmín Sánchez Arceo e Ivet Reyes Maturano
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Martes 12 de marzo, 2019

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en un sentido amplio, es una herramienta de política pública ambiental que, en forma de proceso, debe brindar la oportunidad de planear el desarrollo de acciones que atiendan ciertos propósitos de infraestructura para cubrir necesidades humanas, sin socavar la vocación y capacidad de carga socioambiental del territorio, procurando el cuidado de sus recursos naturales, funciones ecológicas y sobre todo los medios de vida que dependan de éstos. Así, por ejemplo, en el caso del aprovechamiento de las energías solar y eólica, las consecuencias ambientales son dramáticamente diferentes entre proyectos pequeños (ej. la instalación de paneles en casas), y los megaproyectos, con dimensiones de hasta miles de hectáreas, con la intención de generar electricidad para otras regiones y poniendo en riesgo áreas sensibles como son humedales, anillo de cenotes, selva baja, sabanas y áreas costeras de Yucatán.

En México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es la institución federal responsable de evaluar la ejecución de la EIA para este tipo de proyectos. La Semarnat define que el objetivo de la EIA es prevenir, mitigar y restaurar los daños al medio ambiente, así como la regulación de obras o actividades para evitar o reducir sus efectos negativos en el ambiente y la salud humana [www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/impacto-ambiental-y-tipos/definicion-y-objetivo]. En la realidad y en el contexto de la Transición Energética en México, tal y como se observa en la evaluación de estos megaproyectos eólicos y solares en Yucatán, la EIA se ha reducido a niveles mínimos, incluso hasta llegar a considerarse como un trámite o requerimiento administrativo y legal, a través de un documento llamado Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).

Las fallas estructurales observadas en la EIA de los proyectos de energía renovable y solar, tal y como hemos observado, radican en temas de falta de transparencia, de participación ciudadana, de aplicación de metodologías científicas rigurosas y de verificaciones independientes. Estas fallas terminan contraviniendo el objetivo de sostenibilidad que dio origen a la EIA y, por lo tanto, contribuye a descarrilar una Transición Energética hacia modelos de producción (y consumo) de electricidad que contribuyan a cuidar efectivamente el medio ambiente local y regional. Algunas de las características frecuentemente observadas son las siguientes: la omisión del análisis real de alternativas respecto a sitios, diseños, tecnologías y modelos; se priorizan medidas insuficientes de mitigación o compensación, en lugar de enfocarse en la prevención; hay una atención deficiente a los diferentes impactos socioambientales, desdeñando impactos directos, secundarios o acumulativos, frente a los sobredimensionados beneficios económicos; no existen mecanismos públicos de vigilancia al cumplimiento de las medidas de mitigación y compensación durante los procesos de construcción y operación de los megaproyectos durante los próximos 20 o 30 años; se minimiza la participación ciudadana y de las autoridades locales, conocedores de su región, a pesar de existir algunos espacios para recibir sus opiniones.

[b]Deforestación para parques fotovoltaicos[/b]

Un ejemplo de todo esto es, en el caso de parques fotovoltaicos, la propuesta de deforestar cientos de hectáreas de selva baja, en lugar de buscar territorios ya impactados anteriormente. Más concretamente, en el parque Yucatán Solar (municipio de Valladolid) se propone la deforestación de más de 200 hectáreas, con una tala aproximada de mil 260 ejemplares arbóreos y cinco mil 786 arbustivos por hectárea. La MIA no consideró la pérdida de regulación de la humedad y de la temperatura en la zona, así como la protección contra viento o huracanes. Tampoco atendió la vulnerabilidad de las comunidades aledañas debido a la afectación a las actividades de milpa y apicultura, pese a que es un área de alta vegetación leñosa y de alta riqueza de especies melíferas. En el caso de los parques Ticul A y Ticul B (municipio de Muna), se decidieron hacer dos MIAs para evitar el análisis del impacto acumulativo por la deforestación de más de 500 hectáreas de selva y la tala más de medio millón de árboles.

El caso de los parques eólicos tiene otras aristas en las que se descuidan, por ejemplo la cercanía con reservas naturales, los pesados cimientos de las torres eólicas el territorio kárstico y sus posibles consecuencias en las corrientes acuíferas subterráneas, o los efectos de la operación de las turbinas sobre las aves y los murciélagos. Para los parques eólicos Dzilam Bravo y Tizimín no se mencionan los efectos de su ubicación en territorios cercanos a cenotes, manglares o incluso a la Reservas Estatal de Dzilam de Bravo y Especial de la Biósfera Ría Lagartos. Tampoco presentaron estudios con metodologías adecuadas para analizar el riesgo de colisiones de las aves locales y migratorias. La presencia de 12 parques eólicos a lo largo de la región norte de Yucatán tampoco es analizada por sus impactos acumulativos.

Todas estas deficiencias en los procesos de EIA para los megaproyectos de energía renovable desvirtúan su objetivo primario. La falta de una ejecución responsable los ha reducido a un mero trámite burocrático con fuertes omisiones, cuando debieran ser clave en la construcción de un desarrollo sostenible. No sólo ponen en duda al proceso mismo, sino también a la actual Transición Energética que se plantea para Yucatán.


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