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Jesús Hernández Martínez
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Martes 29 de enero, 2018

Tal vez desanimados e impotentes por el nulo caso de las autoridades para reducir el robo domiciliario y otros delitos, muchos chetumaleños tienden a volverse indiferentes, abúlicos y poco confiados en la justicia. Las víctimas de esa clase de delitos se niegan a denunciar penalmente los atracos a sus casas, pues saben que no les harían caso; lo peor es que, en los últimos meses, algunos de ellos han intentado hacer justicia por mano propia tratando de linchar a los presuntos rateros.

Por cierto, aunque el hecho se registró en Felipe Carrillo Puerto el año pasado, fue visto con malos ojos que el homicida que asesinó a su novia y a la mamá de ésta, sólo haya sido sentenciado a cinco años de prisión por ser adolescente. Los familiares de las víctimas le enviaron en días pasados una carta al gobernador Carlos Joaquín y a varios diputados locales, reprochándoles el poco interés por fomentar la justicia; les preguntaron que si con cinco años de prisión el homicida corregirá su conducta y si con tan reducida sentencia pagará por el doble crimen que cometió. “El malnacido que asesinó cobarde y brutalmente a dos mujeres solo recibió como sentencia cinco años de prisión con la ingenua explicación de que es menor de edad. ¿Qué clase de leyes son las que nos rigen en Quintana Roo, señor gobernador? ¿Quién nos asegura que al recobrar su libertad no quiera vengarse con otros familiares de las víctimas?”, se preguntan los quejosos en su misiva.

Anteriormente, los robos a domicilios particulares y negocios han aumentado en los últimos meses en Chetumal y en general en el sur del estado aunque el problema también lo tiene el resto de la entidad y en todo el país. Pareciera que los rateros que pululan por la ciudad no solo son menesterosos y pobres sino miserables, y muchos de ellos drogadictos y alcohólicos, pues algunos roban escaleras de metal o madera, sillas, escobas, ropa usada, macetas y otros adornos de las viviendas, tapones de las llantas de carros, espejos retrovisores y algunos objetos que los dueños de vehículos dejan sin asegurar. Casi todo lo robado, de poco valor, lo “rematan” en unos cuantos pesos para comprar alcohol o drogas.

Los que logran ingresar a las casas se llevan televisores, aparatos electrónicos, computadoras, joyas y dinero si lo encuentran. Pareciera que estos últimos espían a los propietarios de las viviendas para saber a qué horas salen y con “herramientas” improvisadas abren las puertas y saquean las viviendas.

En Chetumal, de acuerdo con los datos oficiales, operan 40 pandillas, pero el número de pandilleros no se puede estimar fácilmente, pues en algunos se agrupan diez o 15 personas y en otras hasta 40 o más. La mayoría de sus integrantes son varones, solo unas cuantas mujeres y, de cada 100 delincuentes que en los últimos años han sido llamados por la justicia, 10 son adolescentes; es decir éstos últimos pueden cometer delitos sin que se les aplique mayor castigo. En aras de los derechos humanos, las leyes se han tornado bondadosas.

A los pandilleros –aunque algunos delincuentes no pertenecen a esos grupos– se les atribuyen los robos a casa-habitación, riñas en la vía pública, atracos a transeúntes, asaltos con violencia y drogadicción, que son los delitos más comunes en la capital de Quintana Roo.

Según la administración municipal de Othón P. Blanco, las colonias Nicolás Bravo, Solidaridad, Payo Obispo, Adolfo López Mateos, Pro Territorio, Las Américas y varios de los nuevos fraccionamientos enfrentan en mayor grado a la delincuencia, pero en los últimos años el problema se extiende a toda la ciudad.

En plática informal con personas que han sido objeto de robo en sus domicilios, algunos afirmaron que acudieron a poner las respectivas denuncias “en contra de quien o quienes resultaran responsables”, lo cual es muy vago, aunque ratificaron sus denuncias ya no les llamaron. Recordaron que, cuando la Policía recobra los objetos robados, les piden a los denunciantes que comprueben que son de su propiedad y “las investigaciones se vuelven tediosas, aburridas, cansadas e inútiles”. No se logra nada y la población se siente cada vez más frágil, por lo que en varios casos ya fueron golpeados por los vecinos los presuntos delincuentes a los que han llegado a rescatar los agentes policíacos.

En opinión de los afectados, no es bueno que las víctimas de la delincuencia tomen justicia por su mano propia; el gobierno debería hacer algo para impedirlo.

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