La corrupción, viento en popa

Jesús Hernández Martínez
Foto: Israel Mijares
La Jornada Maya

Martes 31 de octubre, 2017

El alto grado de corrupción, oficial y no oficial sobre todo, sumado a la excesiva ambición de algunos empresarios, políticos, funcionarios de los tres niveles de gobierno, así como la ignorancia de muchos y, de manera indirecta, las inigualables bellezas de las costas quintanarroenses, han propiciado un caos en la compra-venta de predios que tienen o alcanzarán en corto y mediano plazo una alta plusvalía.

Indefensas, ignorantes y sin posibilidad de contratar “buenos” abogados, familias posesionarias de predios costeros o con otros atractivos como la cercanía de desarrollos turísticos, han sido desalojadas de lugares que ocuparon por 20, 30, 40 años o más, pero que tampoco se preocuparon de regularizarlos o pensaron que con documentos firmados por autoridades ajenas a la tenencia de la tierra, era suficiente.

Algunas autoridades como varias de la administración de Roberto Borge Angulo, han aprovechado y bien, pero para su beneficio, esas condiciones que ahora tratan de revertirse poco a poco.

Una prueba, clara a todas luces, y que pone en evidencia esas anomalías, es el programa que inició la actual administración que encabeza Carlos Joaquín González, de restituir a sus verdaderos propietarios, los predios que les fueron quitados, mediante juicios simulados o apócrifos.

Pero eso sacaría a la luz pública sólo la punta de un iceberg de corrupción en que están involucrados “políticos destacados” o sus parientes que pudieran dar pauta a lavado de dinero. Con el visto bueno de las autoridades, también han participado particulares mexicanos y extranjeros.

(Hace apenas unos días, como dio cuenta [i]La Jornada Maya[/i], en el municipio de Tulum, le fue restituido a sus verdaderos propietarios el inmueble identificado como Cabañas Ixchel del que el gobierno anterior se había apropiado mediante un juicio apócrifo. Otros casos similares se encuentran en proceso legal).

El problema no solo es del norte de la entidad, sino de todo el estado, muy común en la Costa Maya y más recientemente, o tal vez desde antes, en Bacalar y Calderitas. El panorama que sigue dejando lagunas legales, según se averiguó, es el siguiente:

Las autoridades de los ejidos costeros, con vestigios arqueológicos, cercanos a grandes desarrollos, infraestructura como muelles y aeropuertos u otros atractivos que pueden explotarse turísticamente, entregan a sus socios predios pequeños o en algunos casos, como se hizo hace unos quince años en Felipe Carrillo Puerto cuando a los regidores se les regalaron predios en la Costa Maya. Los ejidatarios y otros beneficiarios, en ocasiones allegados al gobierno y “amigos” del gobernador en turno, reciben con gusto esos predios. Algunos fincan pequeñas palapas a manera de casas de campo, otros dependiendo del lugar lo habitan pero no se preocupan de legalizarlos como propiedad privada. El ejido solo les entrega un documento de cesión firmado por sus autoridades en turno, pero no los hace propietarios, sólo posesionarios.

Muchos de los ejidatarios beneficiados han vendido sus predios a particulares con solo un documento de cesión y de esa situación se valen algunos “vivillos” para “comprarlos” quién sabe a quién, pero obtienen el título de propiedad. Según se aprecia, superficialmente, se trata de una cadena de corrupción.

Esos casos, por cierto, se multiplicaron en la Costa Maya durante la administración de Mario Villanueva Madrid cuando, en aras de regularizar la tenencia de los predios costeros, fueron desalojadas varias familias que habían vivido por 20 años o más en predios que les cedieron autoridades ejidales con documentos escritos a mano, sin anuencia de las dependencias que legalizan esos asuntos.

Los predios costeros fueron vendidos por el gobierno, ya como propiedad privada a quienes podían pagar grandes cantidades de dinero, sin indemnizar a las familias desalojadas. Sin embargo, en la Costa Maya el problema no ha terminado, pues en algunos predios aparecen dos o más propietarios y se disputan en los tribunales.

Algunos “vivillos y a todas luces corruptos”, siguen comprando esos predios, con la anuencia de algunas autoridades, sin importarles si están ocupados. Al parecer cuentan con información privilegiada sobre los grandes desarrollos donde, en el futuro, las propiedades adquirirán una alta plusvalía.

No se ve, según algunos afectados, que puedan resolverse todos los casos principalmente porque un título de propiedad vale mucho ante una hoja de cuaderno firmado por alguna autoridad ejidal. ¿Seguirán restituyéndose predios e inmuebles a sus verdaderos propietarios?

[i]Chetumal, Quintana Roo[/i]