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Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Miércoles 30 de agosto, 2017

El fin de semana en Valladolid apareció el diputado federal panista Huacho Díaz, repartiendo propaganda en las calles del centro, el mismo día del segundo informe de la alcaldesa de Morena, Alpha Tavera, en un claro acto adelantado de campaña. Aunque al diputado no se le vio en los últimos 5 años por ningún lado en Yucatán, para explicar su voto a favor de las reformas del gobierno de Enrique Peña Nieto, como la energética, que tiene a la costa yucateca amenazada de desastre con la llegada de compañías extranjeras y nacionales en manos de testaferros de políticos yucatecos para explotar gas y petróleo.

También ese día, el presidente del PRI en Yucatán, Carlos Sobrino Argáez, realizó un mitin en la sultana del oriente, donde, sin una pizca de autocrítica, afirmó que van a recuperar ese municipio, porque el PRI “cuenta con autoridades que sí saben gobernar, que no son improvisadas y que emprenden acciones después de escuchar a la gente”; es decir, todo lo contrario de lo que ha hecho su partido en ese municipio.

También el PRD sueña con reconquistar dicha alcaldía, pero tampoco ofrece nada más allá de críticas sin mayor sustento. Su presidente, Alejandro Cuevas, por ejemplo, dice que las denuncias contra el anterior alcalde priista, Roger Alcocer, fueron hechas fuera de tiempo, por lo que no tendrán repercusión, lo que es falso, ya que las denuncias, realizadas por la alcaldesa de Morena, están vigentes, no han sido desechadas por la ASF y fueron interpuestas en agosto de 2016.

Además, el PRD está dividido, con una facción a favor de una alianza con el PAN en Valladolid, cuya oferta se desconoce, para ese municipio con graves problemas como las deudas de anteriores administraciones, el crecimiento desatado por el boom turístico, con el consiguiente aumento de basura y desechos, así como los conflictos por las tierras ejidales, ambicionadas por especuladores y desarrolladores sin escrúpulos.

En realidad la oposición no tiene nada que ofrecer a Valladolid; lo único que busca es desacreditar, cuando en realidad les ha interesado sólo desde el poder, para hacer buenos negocios en beneficio de unos cuantos. Por ejemplo, respecto a los actos de corrupción bien documentados en los que incurrió el anterior alcalde, hoy funcionario estatal, le crearon desde el Congreso un cargo ex profeso en el gabinete estatal, con el rimbombante título de “Coordinador de Proyectos Estratégicos en Política Social” (sic).

Don Roger Alcocer dejó obras inconclusas o de plano sin hacer, cuyo dinero también desapareció. Se trata de recursos federales que la Auditoría Superior de la Federación le podría embargar cuentas, autos y casas, para recuperar unos 18 millones de pesos que, como señaló el senador Daniel Ávila, único legislador de la oposición que ha dado la batalla con el gobierno de Valladolid, denunciando ante las instancias pertinentes los desfalcos.

Como explicó la alcaldesa Alpha Tavera en su segundo informe, ante el secretario general de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, en cuanto a las obras truncas heredadas por la administración municipal anterior: “estamos en espera de las conclusiones definitivas de la Auditoría Superior de la Federación y atentos a las investigaciones de la Procuraduría General de la República”. Tavera dio a conocer algo nuevo que no se sabía: en su búsqueda de predios pertenecientes al municipio, para ofrecer en pago por los adeudos dejados por Alcocer al ISSTEY (sin que el gobierno estatal lo llamara a cuentas) “en las aportaciones de cuotas laborales de los trabajadores del sistema municipal de agua potable, se detectó que el miércoles 26 de agosto de 2015, 18 hectáreas de un predio ubicado en san Lorenzo Oxman, fue vendido al gobierno del estado y pagado al presidente municipal saliente, tres días antes de la entrega a esta administración”.

Roger Alcocer recibió “por esta operación 12 millones”, de los que Alpha Tavera dijo que “no se encontró su destino final, pues toda la documentación correspondiente a la cuenta pública del último mes de gestión, junto con los expedientes de las obras con recursos federales, fueron retirados de los archivos administrativos municipales, lo que se hizo constar, desde luego, en el acta de entrega recepción”, señaló.

Alpha Tavera también explicó que “el servicio de agua potable requiere amplia intervención en su operación, el estado de quebranto financiero heredado, los adeudos al ISSTEY, a la Conagua y una mala asesoría de algunos líderes a los trabajadores municipales, propició un resultado no deseado para nosotros, que lejos de ayudar a su solución, lo agravó, pues los trabajadores en protesta por la falta de pago a las aportaciones de seguridad social tomaron la decisión de parar labores. Y con el fin de que estas afectaciones no tengan impacto importante en el servicio, personal de algunas dependencias municipales fue comisionado para atender algunas áreas operativas del organismo público que opera y administra el servicio”.

Es decir, a la alcaldesa, además de cobrarle a lo chino y con presiones las deudas heredadas del ISSTEY, que nadie pretendió cobrar antes, le han sembrado conflictos “sindicales”, con claros objetivos políticos.


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