Cuatro argumentos falsos sobre la violencia contra las mujeres

Efraín Tzuc*
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Jueves 13 de julio, 2017


Las últimas semanas se ha puesto sobre la mesa el grave problema de violencia contra las mujeres en Yucatán, a partir de la solicitud de Alerta de Violencia de Género que diversas organizaciones realizamos recientemente a instancias federales. Sin embargo, las autoridades estatales continúan evadiendo su responsabilidad con argumentos muy endebles. Identificamos con claridad cuatro de estos:

[b]1. La violencia contra las mujeres tiene una sola causa[/b]

Actores sociales como el fiscal general del estado, Ariel Aldecua, la senadora Angélica Araujo y Enrique Goff, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), han afirmado que la causa de la violencia contra las mujeres es la “falta de educación”, “la cultura”, “la pérdida de valores” o “la descomposición social”.

Sin embargo, se trata de un problema de derechos humanos complejo e histórico relacionado al poder y la dominación de hombres sobre mujeres que permea en la sociedad en su totalidad y se refuerza a través de las instituciones educativas, religiosas, de procuración de justicia, en la misma legislación, la política pública o los medios de comunicación. Simplificar este problema a conceptos abstractos es una forma de evadir la responsabilidad de garantizar el derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

[b]2. La violencia contra las mujeres es reciente[/b]

La falta de datos públicos sobre la violencia contra las mujeres ha favorecido este argumento falso. Recordamos que es obligación del Estado generar estadísticas relacionadas a la violencia contra las mujeres, integradas en un banco estatal. Sin embargo, no hay señales de que el banco se esté implementando correctamente. Pese a ello, Yucatán Feminicida realizó más de 100 solicitudes de información para sustentar la petición de Alerta de Violencia de Género (AVG). Contamos con datos de 2008 a la fecha y podemos afirmar que delitos como “violencia familiar”, “amenazas”, “abuso sexual”, “hostigamiento sexual”, “estupro”, “violación”, “desaparición” y “homicidio” (muchos debieron calificarse como feminicidio), incrementaron entre 2011 y 2013, y han mantenido cierta estabilidad en los últimos tres años. Estos delitos sucedían antes de 2008, no sabemos si en menor o mayor proporción por la falta de datos oficiales, pero sucedían. Gracias al trabajo de investigación de académicas y organizaciones de la sociedad civil hemos logrado visibilizar este problema, sistemáticamente minimizado por las autoridades de los tres poderes de gobierno.

[b]La violencia contra las mujeres es menor que en otros estados[/b]

Ciertamente el número de feminicidios es menor que en otros estados, pero lo es también el número de mujeres habitantes de los mismos. Es necesario recordar que la violencia contra las mujeres no se expresa únicamente en el feminicidio, sino que también es física, sexual, económica/patrimonial y comunitaria, por mencionar los tipos considerados en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), que en su versión de 2011 puso a Yucatán en el cuarto lugar nacional de violencia en mujeres casadas o unidas mayores de 15 años. Respecto a la violencia sexual, de acuerdo a los datos más actualizados del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, el estado se ubicaría en la séptima posición respecto a delitos como violación, abuso sexual, estupro, entre otros.

[b]La responsabilidad es de la sociedad[/b]

El gobierno ha desplegado una serie de argumentos que pretenden transferir su responsabilidad en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres a la sociedad. Estos argumentos tienden a simplificar el problema y confinarlo al espacio privado, en donde el Estado “poco” puede hacer. Asimismo, no reconoce que el sistema patriarcal o machista se encuentra enquistado en las instituciones del Estado sin que exista una respuesta clara para enfrentarla. La evidencia más clara es que el Ejecutivo se tardó nueve años en publicar el programa rector de la política pública en materia de violencia contra las mujeres y, como ya hemos denunciado, lo hizo de una forma muy irresponsable, puesto que dicho programa es deficiente en términos de medición de avances y resultados.

Es preocupante que las autoridades estatales parecen desconocer las obligaciones internacionales derivadas de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belem do para, que les atribuye una responsabilidad preponderante para realizar acciones legislativas y de política pública encaminada a eliminar los patrones socioculturales que permiten y reproducen la violencia contra las mujeres. Si las autoridades no reconocen y asumen su responsabilidad, ya sea por voluntad o por presión social, cualquier estrategia, incluida la Alerta de Violencia de Género, será ineficiente.

*Coordinador de investigación en [i]Yucatán Feminicida[/i]

[b]@efra_tzuc[/b]
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