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Luis Antonio Blanco Cebada
Foto: Reuters / Shannon Stapleton
La Jornada Maya

Martes 11 de julio, 2017


¿Cuáles son los aportes que el feminismo ha hecho al gobierno democrático y al concepto de ciudadanía? Desde las mujeres sufragistas del siglo XVIII se han desarrollado posiciones divergentes, pero que coinciden en juzgar el sesgo cultural que muestra al sexo masculino como el poseedor natural de los derechos humanos y políticos por excelencia.

Una contribución importante del feminismo para el diálogo democrático ha sido su crítica insistente a la dicotomía público-privado.

La separación de estos dos espacios que dividen el trabajo en productivo y de procreación, se legitima en el pensamiento liberal al distribuir los roles y los poderes en la sociedad. Mientras que el aspecto público fue relacionado con lo masculino, el espacio familiar-doméstico fue silenciado y destinado a las mujeres. Éstas no tenían derecho a participar por creerlas sin la capacidad intelectual (como impedimento biológico) para discernir y decidir, además de su debilidad física.

Entonces, ¿podemos hablar de plena ciudadanía en un contexto de exclusión de los derechos básicos de las mujeres? Al buscar la igualdad, el feminismo desembocó en la consecución del voto femenino, y en que se les reconociera el status de ciudadanas. No obstante, a pesar de avanzar en la obtención de un derecho político, el reconocimiento de sus derechos humanos, desde sus particulares diferencias, se retrasó. Esto último ha provocado un conflicto entre las posiciones feministas: ¿la mujer posee una identidad única, esencial, o no? ¿Se pueden definir los derechos diferenciándolos?

El ámbito familiar, pese a la pretensión estatal de conservarlo en la lejanía simbólica, ha estado muy vigilado mediante políticas públicas de salud, en la legislación relativa al matrimonio (monógamo, heterosexual con fines reproductivos) y la sexualidad ha sido censurada manteniendo la subordinación de las mujeres y otras diversidades sexuales. El Estado universaliza su discurso normativo abogando por una supuesta equidad pública, pero opera con sutiles mecanismos de custodia de lo íntimo. De esta forma queda claro que la distinción público/privado no es la misma para el Estado que para el feminismo.

Melucci en [i]Acción colectiva, vida cotidiana y democraci[/i]a (1999) señala que el movimiento de las mujeres sostiene otra libertad: no ya la libertad por la necesidad, sino la libertad de la necesidad, no la lucha por la igualdad, sino por la diferencia, no ya la libertad de hacer, sino la libertad de ser. Apoyar la defensa de los derechos de las mujeres, asumiendo sus particularidades, significa aceptar que el sustento de la convivencia democrática pasa, en principio, por reconocer las desigualdades históricas entre los sexos. Género (s), etnia, edad y clase social, son algunas de las categorías que la teoría política feminista ha abonado a las ciencias sociales y a la ciencia política, en la comprensión de que la pluralidad contribuye a la generación de ciudadanía, más allá de los derechos abstractos y universales.

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