Deslindarse no será tan fácil

Joana Maldonado
Foto: Tomada de la Web
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Lunes 19 de junio, 2017

Si hubo una omisión del gobierno de Félix González Canto en el caso del fraude cometido por el empresario Enrique Borbolla García y Héctor Rubio Acosta, quienes en 2014 pisaron la cárcel y muy probablemente la volverán a pisar, fue por haber retrasado, durante toda su administración, cualquier medida legal en contra de la empresa queretana Aves Flight Share, S.A. de C.V, por deber primero 2.5 millones de dólares y permitir que la deuda se elevara a 5.75 millones de dólares, equivalente a casi 103 millones de pesos, por la compra de un avión cuyo destino y uso son desconocidos hasta la fecha.

El senador priísta tiene razón en decir que la empresa de Enrique Borbolla cometió una irregularidad de la que él se deslinda, pero no es tan fácil, cuando de hecho su inacción provocó que el fraude creciera.

Sí, es cierto que de eso nada le toca el ex mandatario legalmente, pero una cadena de omisiones suyas, y la del entonces director de Vip Saesa, su primo Manuel Conde Canto, y posteriormente de Carlos Gutiérrez Acosta, le costaron a Quintana Roo 103 millones de pesos, casi el presupuesto anual que tiene el municipio de Bacalar o poco menos de la tercera parte del de la Universidad de Quintana Roo.

Según el informe del Bufete Jurídico Núñez y Asociados del estado de Querétaro, entregado al actual director, Juan José Fernández Carrillo, el 8 de noviembre de 2007 se suscribió un segundo [i]addendum[/i] al contrato inicial de febrero de 2006, en donde Aves se obligaba a devolver a VIP Saesa, en un plazo de seis meses, la cantidad de 2 millones 550 mil dólares que habían sido entregados como garantía.

Desde el 2012, Quintana Roo supo que el avión que alquilaban y que posteriormente intentaron adquirir, era propiedad de otra empresa denominada Cessna Finance Corporation, que tenía una factura desde mayo de 2006.

Aún así, pasaron siete años más que VIP Saesa interpusiera una denuncia ante la Fiscalía Especial de Delitos Patrimoniales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Querétaro. No fue sino hasta el 18 de agosto de 2014 que el gobierno de Roberto Borge Angulo –tres años después de tomar protesta-, presentó la querella que resolvió en 2014 que el empresario y el administrador de Aves Flight Share eran responsables de fraude maquinado, por lo que llegaron a prisión, aunque gracias a un amparo consiguieron la libertad en 2015.

Aún así, el senador Félix, quien aspira a brincar a una diputación federal para 2018, no debería simplemente decir que durante la duración del contrato no hubo incumplimientos porque sí los hubo. Tan es así que se firmaron dos [i]addendums[/i] en relación a la renta del Lear Jet, modelo 45XR, Air craft con número de serie 295, Honey, WELLTFE731-20BR, Turbo Fan Series: LH:P116687, RH:P116686 que en realidad siempre fue propiedad de otra empresa.

Y bueno, la pregunta sería por qué el gobierno del ahora senador habría alquilado una aeronave si VIP Saesa cuenta con dos, que hasta la administración pasada le seguían funcionando para uso personal, pues González Canto aparece en las bitácoras de vuelo de Vip Saesa como un viajero constante, con más de 140 viajes entre 2013 a 2015.

Lo último que sabemos es que el pasado 10 de febrero un juez de distrito del Tribunal Superior de Justicia del estado de Querétaro dictó un resolutivo favorable para nuestro estado, al revocar la sentencia dictada por la Sala Penal del Fuero Común, que concedió un amparo a favor de los empresarios Enrique Borbolla García y Héctor Rubio Acosta, lo que es indicativo de que el asunto no ha terminado y seguramente nos enteraremos de más cosas.