A cuatro años del 19-S

Miguel Concha

Bartolomé de las Casas inmortalizó una frase que tiene una vigencia incuestionable, ya que el fraile dominico expresó en su Historia de las Indias que hay quienes mueren antes de tiempo. Entre otras cosas, esto significa que existen una serie de condiciones e intereses que colocan a grupos en situaciones tales de vulnerabilidad, que no sólo les son arrancados bienes físicos o materiales, como su salud, viviendas y el patrimonio que han construido durante años, sino que esto, lamentablemente, llega a arrebatarles hasta sus propias vidas.

El paso del huracán Grace por las costas del Golfo de México, y lo acontecido con el desgajamiento del cerro del Chiquihuite, en Tlalnepantla, Estado de México, nos han llevado nuevamente a reflexionar que hay quienes deciden quién debe morir. Como recientemente señaló el colectivo Damnificados Unidos de la Ciudad de México (DUCDMX), no hay desastres naturales, más bien existe incumplimiento de la ley, corrupción e impunidad, lo cual causa muertes que no deben ocurrir.

Si bien es cierto que el cambio climático y el calentamiento global se han convertido en dos de las principales amenazas contra todas las formas de vida que conocemos hasta hoy, los efectos catastróficos de los fenómenos naturales generalmente son causados por factores socialmente construidos. Es decir, que las pérdidas, enfermedades y muertes de quienes transitaron antes de tiempo, no sucedieron por los llanamente llamados “desastres naturales”, sino que hay responsables, tanto servidores públicos, como particulares.

En términos de derechos humanos, se cometen violaciones antes, durante y después de los siniestros, debido a la acción, omisión o aquiescencia del Estado. A cuatro años del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017 (19s) siguen las reflexiones y cuestionamientos de fondo. Aunque existen avances en materia de reconstrucción y rehabilitación de viviendas, los cuales saludamos y reconocemos, hay personas damnificadas que siguen luchando pacífica y organizadamente para exigir el respeto y garantía de sus derechos. Para hacer oír su voz, para recuperar su patrimonio, y para no olvidar a sus seres queridos que murieron antes de tiempo.

Tal es el caso de don Fernando Sánchez Lira, quien perdió a su madre y a su hermana durante el colapso del edificio que estaba ubicado en Simón Bolívar 168, esquina con Chimalpopoca, en la Ciudad de México. Junto a doña Teresa Lira Infante y María Elena Sánchez Lira, desafortunadamente murieron antes de tiempo otras 13 personas. De la mano de organizaciones defensoras de los derechos humanos, don Fernando sigue en la lucha por verdad, justicia, reparación y no repetición. El caso Bolívar 168 está caracterizado por las violaciones a los derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal y a la información, por mencionar sólo algunos.

El 30 de noviembre de 2018, último día de la administración anterior, la entonces Procuraduría General de Justicia de la capital determinó el no ejercicio de la acción penal del caso, lo cual pudo revocarse a través de la interposición del juicio de amparo indirecto 131/2019, del índice del juzgado decimotercero de distrito en materia penal de la CDMX del Poder Judicial de la Federación. En otras palabras, no prosperó la intentona de carpetazo por parte de las autoridades, quienes de manera irresponsable, unilateral y sin perspectiva de derechos humanos habían determinado que ni la inmobiliaria Inmobico SA de CV, ni funcionarios públicos tuvieron responsabilidad en la violación de esos derechos. A cuatro años del 19s, don Fernando y quienes conforman el colectivo de DUCDMX, así como otros damnificados, resisten ante numerosas adversidades impuestas por autoridades, medios de comunicación y empresas constructoras: revictimización, desgaste, desarticulación de demandas y exigencias de justicia; criminalización y hostigamiento; corrupción e impunidad; carpetazos y encubrimiento a empresas y funcionarios; retrasos temporales y condicionamientos en la entrega de las viviendas.

Así como en otros casos y procesos que han generado precedentes en materia de acceso a la justicia de víctimas y sobrevivientes de violaciones a derechos humanos, instamos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y demás autoridades competentes, a que en el caso Bolívar 168 y otros del 19s se destinen los recursos necesarios y se abran más líneas de investigación para ir al fondo del asunto, y así judicializarlos y llegar a sentencias condenatorias contra quienes resulten responsables. Quizá de este modo se rompan las reglas de la impunidad y la corrupción.

Deseamos que la jornada de lucha que iniciará mañana en el predio de Bolívar 168 sea otro momento importante en el proceso de exigencia de don Fernando Sánchez, de la organización DUCDMX y de todos los damnificadas que buscan regresar a casa, a una morada digna y adecuada, así como a la verdad, justicia, reparación y no repetición.

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Edición: Emilio Gómez