Rosario Robles Berlanga está en campaña mediática. Según sus palabras, en resistencia civil pacífica. Trata de demostrar que es una presa política y que hay una venganza en su contra, por lo cual es mantenida en prisión bajo criterios judiciales que considera insostenibles.
Del conjunto de señalamientos generales que hizo ayer en dos entrevistas periodísticas, destaca la puntualización respecto a presuntas intenciones, ha de suponerse que de personajes de la Fiscalía General de la República a quienes no identificó con nombres y apellidos, los cuales habrían pretendido que incriminara a Luis Videgaray, virtual vicepresidente sustituto de 2012 a 2018, y a Enrique Peña Nieto, ocupante formal del poder asentado en Los Pinos.
La ex perredista y ex jefa sustituta del gobierno capitalino asumió una postura declarativamente enhiesta, asegurando que ella, por ser quien es, no cumpliría esa función delatora y que no intercambiaría su libertad personal por acusaciones hacia Videgaray y Peña sobre hechos que no le constan. No sería ella como Emilio "L".
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Lo cierto es que, en noviembre de 2020 el abogado de Robles, Epigmenio Mendieta, informó que se estaba en busca de convertirla en testigo colaborador de la FGR, y para ello se necesitaría una declaración “fidedigna, útil, con datos objetivos y duros para el esclarecimiento de estos hechos; de tal manera que estamos ante la verdadera posibilidad de conocer esa información de primera mano, porque a diferencia de otros, ella sí acordaba con el presidente, con el secretario de Hacienda, con el secretario de Gobernación, no estaba detrás de la ventana, ella era el actor”.
En marzo del año en curso sus representantes legales Sergio Arturo Ramírez y Olivia Rubio Rodríguez volvieron a la carga al anunciar que iniciarían negociaciones con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la FGR, para que Robles Berlanga se convirtiera en colaboradora con derecho a ejercer el criterio de oportunidad que ha beneficiado a otros políticos, como Emilio “L”.
Delincuencia organizada y lavado de dinero
Esta opción sería ejercida no por cuanto al proceso menor que está en curso, ejercicio indebido del servicio público en calidad de omisión, sino en cuanto a otro expediente abierto contra la ex funcionaria, pero aún no consignado judicialmente, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Buscar que Rosario se convirtiera en “colaboradora”, se explicó, “conllevará a que entregue información y documentos que permitirán a la Fiscalía General de la República (FGR) tener evidencia para casos que alcanzarían al ex secretario de Hacienda Luis Videgaray y a Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)”, según la nota de Gustavo Castillo. Sin embargo, ninguna de las negociaciones avanzó.
Peña, en tanto, pasea
Ahora, Robles afirma que se pretendía que involucrara no sólo a Videgaray, sino al propio Peña Nieto, quien en su momento le endilgó aquella famosa frase exculpatoria “¡no te preocupes, Rosario!” y que actualmente pasea por Europa en despliegue romántico y económico que llevó a una persona a gritarle “¡Ratero!” en Roma.
Campaña mediática
La campaña mediática de la ex secretaria pretende fijar atenuantes y excluyentes sólo en el expediente menor, bajo acusación de haber sido omisa en el cumplimiento de sus obligaciones como servidora pública. Pero faltan de ser procesadas judicialmente las acusaciones mayores, de delincuencia organizada y lavado de dinero, en el contexto implacable de la llamada estafa maestra, que significó el saqueo de más de 5 mil millones de pesos de dinero público.
Y, mientras el Presidente de México ha abordado por tercera mañanera consecutiva el tema de la Universidad Nacional Autónoma de México y su presunta derechización, con posterior respuesta indirecta del rector Graue, ¡hasta mañana!
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Edición: Ana Ordaz
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