Seguridad pública: cambio de paradigma

Al comparecer ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó de una reducción de 63.8 por ciento en el delito de secuestro entre 2019 y 2021, una baja de 3.9 por ciento en homicidios dolosos respecto de 2020, la detención de 2 mil 553 criminales relacionados con delincuencia organizada y de 545 miembros de cárteles del narcotráfico, así como el bloqueo de 44 mil 603 cuentas bancarias a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Sin embargo, también dio cuenta de alarmantes aumentos en la violencia de género, con 8 por ciento más feminicidios y 30 por ciento más violaciones sexuales en comparación con el año pasado.

Cuestionada por el lema “abrazos, no balazos”, la funcionaria explicó que éste significa el uso de la inteligencia policial en el combate a la delincuencia y dejar atrás las incursiones reactivas que a menudo tuvieron como principal víctima a la población. Por ello, afirmó que esta política ha permitido evitar decesos de inocentes, y la inscribió en los esfuerzos de pacificación que son bandera del actual gobierno. “Juntos”, dijo, “demostraremos que los mexicanos no estamos condenados a la guerra, estamos destinados a la paz”. Desde un inicio, la fórmula “abrazos, no balazos” ha generado escepticismo, expresiones cínicas e incluso sorna entre opositores a la Cuarta Transformación incapaces de entenderla sino como un pedido de dar muestras de afecto a los delincuentes, pero debe recordarse que su sentido profundo pasa por concientizar a la ciudadanía en torno al hecho de que las personas son producto de sus circunstancias, y de que buena parte de los infractores no son monstruos ni sociópatas sino individuos atrapados en horizontes de vida donde las alternativas se estrechan hasta grados asfixiantes.

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En esta perspectiva, se postula que mediante la transformación de las circunstancias de las mayorías sociales atacando la pobreza, la marginación, la desintegración social y las carencias educativas y de salud es posible reducir los índices delictivos de modo más efectivo y duradero que el fallido populismo penal de sexenios anteriores, consistente en endurecer penas y criminalizar a los sectores más desfavorecidos.

Está claro que estos resultados no se alcanzan a corto plazo, y es entendible que se exijan mejoras tangibles, porque cada día hay nuevas víctimas y se sigue generando un enorme sufrimiento, sobre todo en regiones muy definidas del país. Esta territorialización de la violencia es una realidad dolorosa e inocultable: de acuerdo con la información presentada ayer por la secretaria de Seguridad, la mitad de todos los homicidios dolosos perpetrados en el país tuvieron lugar en seis entidades: Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Chihuahua; más aún, ese 50 por ciento de los asesinatos se concentra en apenas 2 por ciento de los 2 mil 471 municipios.

Lo que hoy es un hecho es que la guerra se acabó y no debe recomenzar. Con esto no se quiere decir que la violencia haya terminado, pero sí que la actual administración dio un paso para superar la macabra lógica de hacer de los criminales enemigos a quienes se debe exterminar en vez de ciudadanos a quienes se debe presentar ante tribunales, enjuiciar y, si es el caso, encarcelar y rehabilitar.

Este cambio de paradigma es pertinente y absolutamente necesario desde un enfoque de derechos humanos, y cabe desear que así lo entiendan los sectores sociales que se siguen oponiendo a él pese a que se trata de una reivindicación de la mayoría de la sociedad, de una propuesta de campaña del gobierno actual, y de una política pública dada a conocer desde antes de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador.

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Edición: Ana Ordaz