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Foto: Ricardo Anaya

Por cuarta ocasión consecutiva, este lunes el ex diputado y ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, no se presentó a la audiencia en la que sería imputado por asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia autorizó a la Fiscalía General de la República (FGR) proceder conforme a derecho para hacerlo comparecer, lo que incluye la posibilidad de solicitar una orden de aprehensión.

Los abogados del también ex dirigente nacional blanquiazul dijeron desconocer por qué su cliente no se presentó y solicitaron una prórroga para “buscarlo y conocer de primera mano el motivo de su ausencia”, sin embargo el togado negó el que habría sido el quinto aplazamiento de su comparecencia.

Los cargos contra Anaya Cortés derivan de las acusaciones hechas por Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien declaró haber entregado 6.8 millones de pesos a Anaya como parte de la trama Odebrecht, por la cual el dinero pagado por la transnacional brasileña a cambio de contratos se habría usado para sobornar a legisladores en la aprobación de la reforma energética del sexenio pasado.

 

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Eduardo Aguilar, abogado de Anaya, aseguró que la denuncia de Lozoya Austin no tiene pies ni cabeza y recordó que éste se encuentra recluido, mientras que el ex diputado panista publicó un video en redes sociales en el que desacredita el testimonio del ex funcionario y se dice atacado por el actual gobierno. Es previsible que en los próximos días la FGR solicite y obtenga la orden de aprehensión contra Anaya, con lo que éste se convertirá en prófugo de la justicia.

Lo anterior no implica ni permite presumir su culpabilidad, pero el hecho de que saliera del país, de que recurriera a todo tipo de argucias para posponer su audiencia y que no acudiera a ella tras haber agotado todos los recursos para eludirla, cierto que contribuye a incrementar las sospechas que pesan sobre su conducta. Además de empañar su propia imagen y reforzar la impresión de que busca evadir su responsabilidad penal, la decisión de Anaya Cortés de no presentarse a la audiencia de este lunes es lamentable por cuanto muestra la desconfianza y la falta de creencia en la justicia por parte de la clase política que la tuvo en sus manos durante décadas y hasta 2018.

 

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Tanto para el esclarecimiento puntual de su presunta participación en el caso Odebrecht como para enviar una señal de avance en la lucha contra la impunidad, es necesario que se busque a Anaya Cortés, que se le presente ante la autoridad competente y se le juzgue con total apego al debido proceso.

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Edición: Ana Ordaz 


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