El domingo se cumplieron tres años del asesinato de Samir Flores Soberanes, comunicador y activista opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM). Durante las conmemoraciones por su aniversario luctuoso, integrantes del movimiento al que pertenecía, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA) denunciaron la dilación de la justicia en el caso.
Quien fue su compañera de vida y es madre de sus hijos lamentó que no sólo no ha habido resultados en el esclarecimiento del crimen sino que se siguen cometiendo asesinatos y desapariciones.
El homicidio de Samir Flores se enmarca en la lucha que desde 2013 los habitantes de la región han mantenido contra la construcción de una termoeléctrica, un acueducto y un gasoducto de la Comisión Federal de Electricidad, por considerar que contaminará el agua, la tierra y el aire, además de poner en peligro a los pobladores de las inmediaciones.
Apenas un día antes del atentado perpetrado el 20 de febrero de 2019, Samir había confrontado al entonces delegado del gobierno federal en Morelos, Hugo Éric Flores, a quien le recriminó "las mentiras que están diciendo acerca de la termoeléctrica en Huexca y el PIM".
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En los 36 meses que han transcurrido, el caso ha permanecido en un absoluto estancamiento, sin avance alguno que haga justicia y permita disipar las sospechas de encubrimiento e incluso complicidad por parte de quienes deberían esclarecerlo.
El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo ha achacado la falta de resultados al fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, designado por el ex mandatario perredista Graco Ramírez.
De acuerdo con Blanco Bravo, Carmona sabe quién asesinó a Samir, pero “no quiere decirlo por miedo”, una convicción que comparte el FPDTA, que desde el año pasado denunció la desaparición de evidencias, aunque tampoco exime de responsabilidad al propio gobernador.
Si este deplorable empantanamiento de las pesquisas obedece al conflicto entre el mandatario estatal y el fiscal, el cual a decir de Blanco fue nombrado con el propósito de cubrir las espaldas a Ramírez Garrido, la Fiscalía General de la República (FGR) debería apelar a los múltiples elementos del caso que le permiten ejercer su facultad de atracción a fin de conducir las investigaciones pertinentes al margen de las rencillas políticas locales.
En este sentido, debe recordarse que el propio FPDTA ha exigido que se federalice el expediente, así como la creación de una comisión especial para encontrar y castigar a los responsables.
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La falta de avances en el esclarecimiento del homicidio de Samir Flores enturbia el conjunto de las instancias de procuración e impartición de justicia y lastima la relación entre el gobierno de la Cuarta Transformación y movimientos sociales con los que comparte objetivos.
Destrabar la investigación requerida abonaría, en cambio, a la confianza en la acción gubernamental en contra de la impunidad e iría en línea con la voluntad expresada durante la conferencia de prensa matutina de ayer de continuar el combate al fenómeno delictivo y llevar adelante la estrategia “Cero impunidad”.
Edición: Ana Ordaz
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