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Foto: Rodrigo Díaz Guzmán

Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) efectuada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en abril muestran que los trabajadores del país retoman la jornada laboral de 48 horas a la semana, lo cual se considera una buena señal de normalización del mercado laboral a medida que cede la pandemia. De acuerdo con este ejercicio estadístico, ya hay 42.6 por ciento más personas con jornada completa que en abril de 2019, poco menos de un año antes de que se declarase la emergencia sanitaria. Ello indica que se han creado empleos de tiempo completo, y que aquellos que habían reducido la jornada ya la restauraron.

Asimismo, se reporta que la tasa de desocupación fue menor en 1.6 puntos porcentuales a la de abril de 2021, y que la población desocupada descendió en 872 mil personas respecto a ese mismo mes, con lo que ahora la desocupación se sitúa en 3 por ciento de la población económicamente activa (PEA), un nivel normal. Aunque sigue habiendo 5.2 millones de personas subocupadas (que tienen necesidad y disponibilidad para trabajar más horas), este número es menor en 2.3 millones al que se registraba hace un año. Incluso algunas industrias han dado cuenta de un déficit de trabajadores y de dificultades para cubrir sus requerimientos de personal, lo cual apuntaría a un escenario halagüeño para el empleo.

Sin embargo, todas estas cifras, sin dejar de ser reales, no reflejan una imagen completa de la situación laboral prevaleciente en México. La ENOE de diciembre pasado ya mostraba el reverso oscuro de esta recuperación: la práctica totalidad de los nuevos empleos corresponden a puestos que pagan hasta dos salarios mínimos, con un incremento marginal en los que entregan de tres a cinco minisalarios, y una caída en los de más de cinco. De manera significativa, se registran aumentos en el trabajo por cuenta propia, el empleo no remunerado y el informal, con el nivel de informalidad en 56.5 por ciento de la PEA, 4.8 puntos porcentuales por arriba del existente en marzo de 2020. Ello deriva en un deterioro de las condiciones laborales y en pérdida de derechos; por ejemplo, 669 mil personas más que al inicio de la pandemia se encontraban ocupadas, pero sin acceso a instituciones de salud.

En momentos en que a las complicaciones generadas por el Covid-19 y por las medidas necesarias para controlar su propagación se suman las dislocaciones en las cadenas de suministro y los impactos globales de la guerra en Ucrania, es de evidente urgencia voltear a ver al mundo laboral y tomar las disposiciones pertinentes a fin de reducir el impacto de estos fenómenos en los ingresos y las condiciones de trabajo de millones de trabajadores, así como para emprender el cierre de los graves rezagos que padecen las clases populares.

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Edición: Emilio Gómez


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