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Dos meses como sobreviviente de un intento de feminicidio: la justicia lejana

La FGE no ha judicializado la carpeta de investigación, que consideraría violencia familiar
Foto: Gobierno del Estado

Hoy se cumplen dos meses desde que acudí al Centro de Justicia para Mujeres de Yucatán a denunciar a mi agresor, que también es mi ex pareja. Él intentó asesinarme en mi propia casa al estrangularme en dos ocasiones en un mismo día, con escasos minutos de diferencia cuando le aseguré que no había forma de que retomemos la relación.

Logré que me permitiera vivir prometiéndole por mi mamá y por mi hermana -las personas más importantes de mi vida- que no lo denunciaría, pero no podía pasar por alto el peligro que representa quedarme callada. Aunque ahora, después de haber denunciado pareciera que no ha cambiado nada.

A 63 días de haber sido víctima de un ataque feminicida no tengo certeza sobre cuál será el delito que se indagará porque la Fiscalía General de Justicia no ha judicializado la carpeta de investigación.

Él incluso sigue representando un peligro para otras mujeres. A raíz de una denuncia que daba a conocer los hechos y que se compartió de forma masiva a través de Facebook, surgieron diversos testimonios de otras víctimas, quienes lo señalan de agresor, manipulador y violador. Este último señalamiento también se realizó de forma pública durante la manifestación del 8M.

El proceso ha sido complicado desde el día uno y no dejo de pensar en el resto de las víctimas que no tienen los privilegios que yo sí: el simple hecho de llegar al Centro de Justicia para las Mujeres, que implica un traslado a la periferia de la ciudad; solicitar reiteradamente permisos en el trabajo para realizar los trámites necesarios (entre declaraciones, peritajes, informes); contar con al menos un par de testigos que puedan dedicar un día entero para rendir su declaración; tener la fortaleza para comenzar la terapia sicológica y enfrentarse a una burocracia que más que arropar a una mujer, coloca cientos de obstáculos para acceder a la justicia.

Sobrevivir pareciera lo más fácil de enfrentar. Hay que recordar una y otra vez ante funcionarios y funcionarias insensibles, que demuestran su pobre capacitación para escuchar a las víctimas, el trauma de tener en el cuello las manos de la persona que te decía que te amaba.

Apatía en todas partes: la mujer a cargo del Ministerio Público que nunca despega la mirada del monitor mientras tú te desgarras narrando los hechos. También está la abogada de la Secretaría de Mujeres, esa que te da proporciona el Estado y que no recibe una paga directa de ti y por ello no aporta tiempo o esfuerzo extra para ayudarte. Los custodios que se encargan de tu seguridad y que realmente no ponen atención a lo que pasa alrededor.

A pesar de tener el privilegio de contar con la medida de protección de custodia personal y domiciliaria, mi agresor pudo llegar a mí sin que nadie lo evitara. Me lo encontré de frente en un lugar que solíamos frecuentar y si hubiera estado armado y llega con la intención de atacarme nada lo hubiera evitado, ni siquiera el elemento de la Secretaría de Seguridad Pública que estaba a cargo de mi seguridad física y sicológica.

Esperando que judicialicen la carpeta de investigación probablemente por el delito de violencia familiar que no sólo minimiza, invisibiliza el impacto de un feminicidio en grado de tentativa, sólo puedo pensar que no hay nada que nos garantice a las víctimas que podremos seguir vivas. No existe medida de protección ni fiscalía que de verdad asegure la prevención y la no repetición de la violencia contra las mujeres.

Mi denuncia se uniría a las cuatro mil 891 carpetas de investigación iniciadas por violencia familiar de 2018 con corte a abril de este año, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Ya lo evidenció la colega Gloria Piña en su trabajo Las sobrevivientes olvidadas por la justicia, que se llevó el premio Breach Valdez que reconoce lo mejor del Periodismo y Derechos Humanos por demostrar que sólo 0.04 por ciento de los ataques feminicidas que no se consuman son catalogados como feminicidio en grado de tentativa, mientras el resto pasa como violencia familiar o lesiones dolosas.

La justicia no llega ni al uno por ciento de las víctimas en este país. Sobreviví sí, pero vivo pensando en cuántos días me quedan en el México feminicida e impune.  

 

Nota relacionada: El camino para la justicia tras un intento de feminicidio en Yucatán


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