En su conferencia matutina de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el burocratismo entre quienes imparten justicia, fenómeno que, señaló, ha provocado que inocentes que fueron obligados a incriminarse mediante tortura se encuentren en prisión.
El mandatario lamentó que a raíz de esa situación dos secretarios de Gobernación –Olga Sánchez Cordero y Adán Augusto López Hernández– no hayan logrado “sacar a quienes están ahí y está demostrado que fueron torturados”, lo que atribuyó a la falta de oficio de los jueces, a su falta de voluntad, a que no estudian los expedientes y a que la justicia se administra “de lunes a viernes”, pues los fines de semana los tribunales dejan de laborar.
López Obrador se refirió también a la indolencia de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual no se ha desistido de las acusaciones contra Israel Vallarta –detenido en 2006, torturado y acusado de secuestro en un sonado acto de simulación mediático y policial– porque "se va dejando y va transcurriendo el tiempo".
Los señalamientos del Presidente resultan particularmente pertinentes, si se considera que en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, presentado recientemente por el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se apuntan las fallas en la actuación de al menos ocho jueces de Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Colima y Morelos, deficiencias que han obstaculizado gravemente la investigación y la impartición de justicia en torno de la atrocidad perpetrada en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Lo anterior, por no hablar del “problema de origen” consistente en que “el Poder Judicial radicó en siete juzgados del mismo número de entidades 38 procesos penales”, como recordó el subsecretario de Derechos Humanos el 18 de agosto pasado.
Significativamente, a 12 días de que se presentara el informe mencionado, y en el que se aportaron elementos a la FGR para que tramitara órdenes de aprehensión contra 33 personas, sólo una de ellas ha sido aplicada –la del ex procurador Jesús Murillo Karam–, por más que el organismo de procuración solicitó 50 órdenes más que las mencionadas por Encinas.
Es claro que los vicios, inercias y extravíos que exhibe el tratamiento de estos dos casos emblemáticos –el de Vallarta-Cassez y el de Ayotzinapa– se repiten en miles de otras causas penales, lo que se traduce en los hechos en una denegación de la justicia para incontables ciudadanos o, peor aún, en la comisión de injusticias por los responsables de la aplicación de la ley.
Esta situación exasperante y angustiosa hace necesaria la realización de una reforma a fondo del Poder Judicial y de las fiscalías del país; resulta deseable, por ello, que la legislatura federal tome cartas en el asunto a fin de construir los instrumentos legales que se necesitan para emprender tal reforma.
Edición: Ana Ordaz
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