En su cuarto Informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador resumió la transformación que encabeza destacando el fin del dominio oligárquico y la existencia de una democracia cuya prioridad son las personas más desfavorecidas; el haberse acabado con los privilegios fiscales y los lujos en la administración pública; que la corrupción no se tolere ni haya impunidad; el quitar al Estado su condición de mayor violador de los derechos humanos; la mejor distribución de la riqueza; el haber elevado a rango constitucional las pensiones a adultos mayores, así como los apoyos y becas a personas discapacitadas y estudiantes de bajos recursos; los avances para lograr que la salud y la educación sean verdaderos derechos y no privilegios; la reducción en la incidencia delictiva; la batalla contra el racismo, el clasismo y la discriminación, y las garantías a la libertad de expresión y el derecho a disentir.
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De esta apretada síntesis es necesario resaltar la manera en que el gobierno federal ha podido allegarse ingentes recursos para llevar adelante su programa sin recurrir al endeudamiento o al aumento de impuestos. Sólo cancelar la condonación fiscal a los grandes contribuyentes y combatir la evasión ha llevado a las arcas públicas un billón 700 mil millones de pesos, mientras el combate al huachicol, el ahorro en el costo de obras públicas y el plan de austeridad republicana sumaron ahorros por otros 700 mil millones de pesos.
Se trata nada menos que de 2.4 billones de pesos, gracias a los cuales se hizo posible pensionar a 10 millones 500 mil adultos mayores y a un millón de niños y niñas con discapacidad, becar a 11 millones de estudiantes, dar una oportunidad de capacitación y entrada al mundo laboral a 2 millones 315 mil jóvenes, dotar de un jornal permanente a 449 mil 570 sembradores y basificar a 650 mil docentes. Además, emprender, rehabilitar o concluir el despliegue de vías férreas desde nuestra frontera con Guatemala hasta Jalisco, incluyendo obras emblemáticas como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico o el tren que conectará a la Ciudad de México con Toluca; edificar un nuevo aeropuerto para la capital del país; modernizar las refinerías existentes, adquirir una más y levantar la primera totalmente nueva en cuatro décadas, y construir 145 centros de educación superior que forman a 64 mil alumnos de zonas marginadas. También, y con todos los obstáculos interpuestos por la pandemia de Covid-19, encarar la reconstrucción de un sistema de salud sometido a décadas de desmantelamiento, misión que evoluciona de manera positiva a escala nacional, pero casi puede darse por cumplida en Colima, Nayarit y Tlaxcala, donde ya se cuenta con 97 por ciento de los médicos especialistas requeridos, 84 por ciento de médicos generales y personal de enfermería, y 95 por ciento de la cobertura de medicamentos.
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En uno de los ámbitos que más preocupan a la ciudadanía, la seguridad pública, comienzan a verse los frutos de una estrategia enfocada en abordar las causas profundas del fenómeno delictivo. En sólo cuatro años, la Guardia Nacional ya ha reclutado y formado profesionalmente 115 mil elementos, más de los que nunca llegó a tener la extinta Policía Federal; dispone de 242 cuarteles y en 19 entidades cuenta con más personal que el número de policías estatales. La conjunción virtuosa de programas sociales que brindan un horizonte alejado de la delincuencia a los jóvenes y el fortalecimiento de una corporación capacitada y con presencia territorial se traduce en una reducción de 29.3 por ciento en los delitos del fuero federal, con una caída de 81 por ciento en un crimen tan doloroso como el secuestro. El robo en general ha bajado 23.4 por ciento y el de vehículos 43.1 por ciento, e incluso en un ilícito tan tenaz como el homicidio doloso ha revertido la curva ascendente que caracterizó a los dos sexenios anteriores para alcanzar una reducción –significativa, pero a todas luces insuficiente– de 2.82 por ciento. Si se comparan las cifras más recientes con los máximos históricos de 2018, la baja es de 12.8 por ciento. El feminicidio, que apenas en 2020 se tipificó a escala nacional, bajó 51.7 por ciento desde el máximo histórico de agosto de 2021 a julio pasado. Al reseñar los avances y pendientes de esta lucha contra la delincuencia y la impunidad, no puede perderse de vista que la misma se lleva a cabo pese la resistencia de jueces y agencias del Ministerio Público a dejar atrás toda suerte de malas prácticas.
Sin ser exhaustivo, el balance refleja datos contundentes de cuatro años de una transformación nacional que, en términos generales, ha sido positiva para el país, y de la cual cabe esperar una consolidación en los 25 meses restantes.
Edición: Emilio Gómez
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