La capacidad financiera de las organizaciones criminales para corromper autoridades e instituciones aunado a su enorme capacidad de fuego para generar violencia y terror, supera las posibilidades reales de las autoridades estatales y municipales que, sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, corren el grave riesgo de convertirse en estados fallidos.
Es lícito, explicable y justificable el temor a la militarización de un país, sin embargo en México es un falso debate debido a la actuación constante del Ejército y la Marina desde hace varios sexenios presidenciales, en tareas de seguridad pública, por encomienda de las máximas autoridades civiles, pero sin un marco jurídico, prácticamente sin regulación, bajo tolerancia y simulación como ha sido costumbre en muchos casos de la vida nacional.
La estigmatización de los militares, en gran parte, se debe a su papel en hechos de represión a movimientos civiles y violaciones a los derechos humanos, sin embargo esas acciones tienen en su origen la obediencia a órdenes de autoridades civiles. Los sesentas marcados por las luchas estudiantiles tuvieron por enemigo, casi generalizado, al ejército, nombrado en las “canciones de protesta” de José de Molina como “la serpiente verde”. Como si fuera causante de todos los males, pero insistimos que intervenían para reprimir por órdenes furtivas de civiles. Por eso es necesario crear un marco jurídico para que las responsabilidades estén perfectamente delimitadas.
La simulación ha permitido que autores intelectuales de brutales violaciones a los derechos fundamentales hayan esquivado las consecuencias de sus actos delincuenciales. La simulación sólo fortalece la impunidad. Los abusos no dependen de los uniformes, sino de la falta de un Estado de derecho sólido al cual todos respondan.
La simulación y la corrupción ha dañado severamente a las instituciones gubernamentales y sociales de México, entre éstas las de seguridad pública e impartición de justicia, lo cual ha fortalecido a las organizaciones criminales que se dedican al cultivo, fabricación, distribución y venta de sustancias ilícitas. Rescatar y reconstruir las instituciones, refundar el sistema de justicia, adecuar el ministerio público, sanear el sistema penitenciario y los cuerpos policiales estatales, municipales y federales, constituye un asunto que trasciende la seguridad pública y requiere muchos años de esfuerzo continuo. Es una falacia y un suicidio social exigir que los militares regresen ya a sus cuarteles. El crecimiento del poder del crimen organizado se dio junto con la insultante corrupción de los gobiernos por más de 50 años, la falta de oportunidades individuales y sociales, así como la carencia de ideales y de valores morales.
En lo local
La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, lo cual va mucho más allá del pragmatismo del presidente Andrés Manuel López Obrador y su temporal “poder redentor” que ya anunció que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González se sumará a la 4T cuando concluya su mandato. Su cargo será representar al país como Embajador en Canadá, lo cual es recurrente salida que da AMLO a priístas y panistas conversos. En Quintana Roo el gobierno de Carlos Joaquín se percibe tan malo como el de su antecesor Roberto Borge, quien no tuvo un tren maya ni un “redentor” ni un exilio dorado, sino la prisión. La Fiesta del Chivo terminó. En fin, son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!
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