Pío López Obrador: necesidad de esclarecer

La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel) citó nuevamente a declarar en calidad de imputado al ex coordinador nacional de Protección Civil David Eduardo León Romero, a fin de que declare en torno de los videos donde se le observa entregar bolsas, presuntamente con dinero en efectivo, a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los videos, grabados en 2015, pero difundidos en agosto de 2020, poco después de que el ex funcionario fue designado al frente de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), muestran a León pasando sobres y bolsas a quien entonces coordinaba las estructuras de Morena en Chiapas, donde el primero era consultor del ex gobernador Manuel Velasco Coello.

Por separado, ambos personajes han admitido que los paquetes contenían dinero, pero niegan que se estuviera ante un hecho ilícito.

León Romero ha destacado que entre 2013 y 2018 no ocupó cargos públicos, por lo que no puede hablarse de desvío de recursos u otro delito de esa índole.

Hasta ahora, las indagatorias han avanzado con una exasperante lentitud, al punto de que en julio pasado el propio Pío López Obrador presentó un recurso para emplazar a la Fiscalía General de la República (FGR) a determinar si judicializa o no el expediente en su contra por presuntos delitos electorales.

El día 5 de este mes, el hermano del Presidente compareció ante la Fisel donde, de acuerdo con fuentes judiciales, se reservó el derecho a declarar.

Debido al alto perfil de los involucrados, y en particular de Pío López Obrador, el caso pone a prueba las capacidades, la voluntad de justicia y el carácter autónomo de la Fisel y de la FGR.

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Es imperativo que se acabe con las dilaciones y se tomen las providencias necesarias a fin de esclarecer los hechos, confirmar o despejar las sospechas existentes y, si se encuentran actos delictivos, sancionarlos conforme a derecho.

Ello, sin omitir que al propio gobierno federal le conviene el esclarecimiento de este episodio, tanto para establecer si se cometió delito o no como para deslindarse de administraciones anteriores en las que las sospechas sobre posibles actos ilícitos por familiares del titular del Ejecutivo federal (la esposa y los hijastros de Vicente Fox y una hermana de Felipe Calderón, por ejemplo) no fueron nunca esclarecidas en las instancias legales correspondientes.

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Si se determina que hubo una o más conductas ilícitas y se sanciona a los responsables, las instituciones verán un incremento sustancial en su autoridad moral para investigar y castigar a quien haya cometido un crimen, sin importar de quién se trate, lo cual supondría una fuerte desautorización para aquellos que alegan ser víctimas de “persecución política” para mantenerse en la impunidad.

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Edición: Ana Ordaz