La política cultural en México, un panorama abierto

Abril Gonzalez-Ku

La política cultural es entendida como un conjunto de intervenciones por parte del Estado -con la participación de organizaciones de la sociedad civil, grupos comunitarios y/o instituciones civiles y privadas- que persiguen objetivos considerados necesarios o deseables en el ámbito de la cultura en general, un sector cultural o disciplina específica, con un enfoque de transformación o desarrollo social. 

Desde un panorama amplio es fácil identificar la aplicación de estas acciones, como por ejemplo las orientadas a preservar el patrimonio, las que promueven las diferentes expresiones culturales de una población, las que administran y reglamentan las industrias culturales o las que fomentan la práctica artística y creativa. 

En México, la política cultural nace junto a la política educativa con el fin de promover la idea de una identidad nacional por lo cual se podían considerar acciones dispersas que más que tener el objetivo de conseguir un desarrollo cultural y artístico se aplicaban de acuerdo a las necesidades del grupo en el poder y del momento político y social que se vivía.

En el desarrollo de las políticas públicas de cultura algunas de estas problemáticas aún persisten y se han presentado otras pues durante un gran tiempo permeó la retórica vasconcelista en la que la cultura era una gestión monopolizada desde el Estado. Esto lo podemos ver reflejado en el presupuesto que se otorga a la política cultural. Sólo en el 2019 el gasto en cultura sufrió un recorte de un millón 309 mil pesos, quedando en: 12 mil 394.1 millones de pesos (mdp), 3.9 por ciento menor al de 2018; el presupuesto de 2020 aumentó ligeramente a 13 millones 367 mil 480.5 pesos, apenas lo suficiente para cubrir la inflación; y para 2021 el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación estimó un gasto de 13 mil 985 mdp para el ramo 48, dedicado al sector cultura.

Las consecuencias de estos recortes presupuestales las podemos encontrar por ejemplo, en el riesgo al que se enfrenta el patrimonio cultural tangible e intangible (expresiones culturales, museos, bibliotecas, zonas arqueológicas y naturales, etc.) y de igual manera y aunque muchas veces pasa desapercibido, en las situaciones de precariedad de las personas que laboran en el sector pues éste también atraviesa una crisis económico-laboral reflejada en la falta de acceso a derechos económicos y sociales. Por ello es importante insistir en la necesidad de co-crear un nuevo modelo de política cultural y un nuevo modelo económico-social que permita favorecer una economía que sea más justa con el sector, sin embargo, el sector cultural apenas está siendo reconocido como un sector importante para la economía del país.

Diversos autores apuntan a una crisis en las políticas públicas en México, pero ¿qué alternativas podemos gestar frente a esto? Un primer paso podría ser la identificación de acciones encaminadas al ejercicio de la gobernanza, en la cual a través de la coordinación entre gobierno y diversos actores sociales en algún momento se pueda llegar a observar un panorama que proponga, diseñe y aplique políticas públicas capaces de permanecer pero que también lo suficientemente flexibles para transformarse y responder a múltiples contextos y realidades que las necesitan y además no sean una tarea exclusiva y dependiente del Estado. 

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Edición: Estefanía Cardeña