El pasado domingo, luego de que salieron de una asamblea en el auditorio comunal del municipio michoacano de Aquila, se produjo la desaparición forzada del abogado especialista en derechos humanos Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder de la comunidad indígena del citado municipio. El vehículo en que viajaban rumbo a Colima fue encontrado con impactos de bala, pero sin los ocupantes.
En Aquila se desarrolla una batalla contra empresas mineras cuya actividad resulta lesiva para el interés colectivo y, como en muchos puntos del país, grupos criminales suelen ser usados para amenazar, golpear, secuestrar y asesinar a dirigentes sociales. El abogado Lagunes Gasca tiene una larga trayectoria en la defensa de derechos colectivos y de tierras ejidales y comunales frente a megaproyectos, despojos y violaciones de derechos humanos, y el comunero Díaz Valencia es candidato a la presidencia del comisariado ejidal de Aquila y defensor del medio ambiente.
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En el contexto general de violencia criminal e impunidad que se vive en el país, un rubro crítico es el relacionado con periodistas, defensores de derechos humanos y activistas en defensa de derechos comunales sobre tierras, aguas y recursos naturales. Diversas voces académicas llaman la atención sobre la incidencia de ataques de presuntos miembros del crimen organizado (CO) contra quienes organizan y defienden a colectividades ante proyectos extractivistas, en especial los mineros. Como si la etiqueta de ese CO fuera usada por intereses empresariales para deshacerse de obstáculos a sus planes en desarrollo.
El tema de la minería, las empresas (sobre todo las extranjeras) y la alianza constante de políticos, empresarios y autoridades para dar paso a proyectos nocivos ha sido actualizado luego de la reciente cumbre de mandatarios de Norteamérica. Ayer, el presidente López Obrador dijo que había comentado al primer ministro Justin Trudeau el caso del Cerro de San Pedro, el emblemático municipio de San Luis Potosí donde una empresa (Minera San Xavier, de la canadiense New Gold Inc.) encabezó una escandalosa depredación (el Cerro de San Pedro, representado en el escudo de armas de la entidad, fue devastado hasta desaparecer).
La vigorosa resistencia social contra tal depredación fue vencida mediante argucias practicadas por el entonces presidente Vicente Fox y el entonces gobernador Marcelo de los Santos, llegados al poder por la vía de Acción Nacional.
En el mismo San Luis Potosí se vive actualmente bajo el amago de los constructores inmobiliarios que buscan terrenos ejidales y comunales para sus proyectos habitacionales e industriales, además de declararse a la espera de que termine la administración de López Obrador para “tumbar” el decreto que declaró área natural protegida a una parte de la Sierra de San Miguelito.
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En Sinaloa, para dar otro ejemplo, se mantiene la oposición de los pobladores directos de la bahía de Ohuira contra la construcción de una planta de amoniaco, proyecto dañino para el medio ambiente del lugar, que desde años atrás pretendieron impulsar políticos priístas e “independientes” y que ahora ha sido retomado por el presidente López Obrador, el gobernador Rubén Rocha Moya y el presidente municipal Gerardo Vargas Landeros.
Otro capítulo preocupante se abre en el tema del litio, a cuya reglamentación se trató de dar un tono épico, casi equiparable a la expropiación petrolera, pero que ahora se anuncia está en la mesa de los acuerdos con Canadá y Estados Unidos, sobre todo con este último, para que inversionistas privados provean tecnología y se encarguen de la comercialización de este material estratégico; eso sí, “respetando” las leyes mexicanas y la propiedad de la nación sobre bienes que otros países e intereses están prestos a aprovechar. ¡Hasta mañana!
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