Quintana Roo: Ausencia de autoridad

La irrupción de Uber, la plataforma de transporte operada a través de una aplicación, en Quintana Roo ha puesto de manifiesto un problema de gobernanza en ese estado.

Son ya varios años de lucha por parte de la plataforma, que se define como la oferta de un servicio entre particulares, para ingresar a Quintana Roo y especialmente a Cancún, donde el movimiento económico derivado del turismo todavía se percibe como una gigantesca cornucopia que atrae a muchos, aunque los que han llegado antes están poco dispuestos a la entrada de nuevos actores, pensando que les tocará menos en el reparto del pastel, o al menos esa es la impresión que deja el Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo.

Este lunes, integrantes de ese gremio bloquearon los accesos a la zona hotelera de Cancún, como medida para impedir que Uber les dispute el mercado. Los conductores de la plataforma alegan que ya cuentan con un amparo concedido por un juzgado de distrito, mientras los taxistas insisten en que debe reformarse la Ley de Movilidad para que Uber y similares sean legales.

La disputa ha ido escalando y ha llegado al extremo que los taxistas han perseguido, detenido y amenazado a un operador de Uber, que llevaba a una familia rusa a la cual obligaron a bajar del vehículo. No es el único caso, es el que ha trascendido las fronteras nacionales y el que ha exhibido a los detentadores de concesiones como capaces de afectar a los visitantes.

Estos ataques ya tuvieron una consecuencia grave y ésta no vino de las autoridades locales que debieran ser las más interesadas en resolver el conflicto a la mayor brevedad. El hecho de que el gobierno de Estados Unidos haya emitido este lunes una alerta de seguridad motivada en las agresiones cometidas por los taxistas en una afectación al destino.

Mientras, el gobierno de Quintana Roo ha mantenido un preocupante silencio y la policía se ha limitado a llamar la atención a los taxistas. Los socios de Uber acusan que los que han sido detenidos nada más atraviesan la puerta giratoria, lo que alienta las persecuciones.

Pero supongamos que los taxistas tienen razón y, en tanto no exista una modificación a ley de Movilidad y su Reglamento, la forma de operar de Uber es ilegal. Aun si esto fuera verdad, los únicos que estarían autorizados para detener a los socios de la plataforma son los policías; cualquier otra persona que lo hiciera estaría incurriendo en usurpación de funciones, lo cual no es una falta administrativa sino un delito penal. De ahí que resulte preocupante la tibia actuación de los cuerpos policiacos.

La percepción que fomenta esta tibieza es que la administración actual es débil ante los sindicatos de taxistas. Será más grave si en este momento de su gobierno se decide por la inacción: habrá renunciado a una de las funciones vitales del Estado, que es mantener la seguridad.

Mantener a la policía al margen de la acción no puede entenderse como parte de la política de no criminalización de la protesta. Los ataques a socios de Uber son agresiones, no protestas; si la autoridad continúa ausente, su lugar lo ocupará una estructura paralela, como parece indicar el rumbo que siguen los taxistas.

En este momento, Quintana Roo requiere de una autoridad fuerte y que ejerza su legitimidad. Debe resolver la disputa, ya sea promoviendo urgentemente las modificaciones legales que requiera, porque el mayor costo será perder turismo en el próximo spring break, y esto no le conviene a nadie.

En cuanto a los taxistas, bien podrían serenar sus ímpetus y analizar las experiencias de otros estados en donde Uber ya opera. Hallarán que en tres meses el servicio disruptor de alta calidad ya no será el mismo y que pretenderá entrar en una guerra de tarifas en la cual quienes salen perdiendo son sus propios socios. ¿No encontrarán entonces maneras más efectivas para ofrecer calidad en beneficio del usuario? Sin duda, el turismo lo agradecería.

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Edición: Estefanía Cardeña