Foto: Fernando Eloy

Todavía en el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas, Campeche le disputaba a Yucatán el primer lugar en seguridad. De haberse mantenido esa tendencia tal vez hoy estaríamos hablando de una tendencia a la baja en varios índices de seguridad para todo el país.

Sin embargo, el impulso no duró y, desde el cambio de gobierno las señales de violencia y la percepción de inseguridad en esa entidad han ido en aumento. Incluso los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del Inegi muestran un salto de más de 20 puntos porcentuales (de 42 a 66 por ciento) en el último trimestre de 2022.

El actual gobierno de Campeche enfrenta duros cuestionamientos contra Marcela Muñoz Martínez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y el fiscal general Renato Sales Heredia. Este último enfrenta hoy un procedimiento de la Comisión de los Derechos Humanos del estado, acusado de abuso de autoridad denunciado por Emilio Lara Calderón, alcalde de Hopelchén, en lo que se antoja más como un enfrentamiento político más que a un episodio de persecución a la delincuencia.

En menos de 15 días, la ciudad de San Francisco de Campeche ha atestiguado una balacera en el poblado de Alfredo V. Bonfil, con saldo de cuatro muertos, y ahora la presencia del crimen organizado se manifiesta dentro de las murallas; más exactamente en el corredor turístico de la calle 59, esa que une la Puerta de Mar con la de Tierra, hoy zona peatonal y asiento de bares y restaurantes, cuyos propietarios manifestaron que los intentos de cobro por derecho de piso y llamadas de extorsión han ido en aumento.

El mayor contrasentido es que la calle 59 se ofrece como la zona más segura y vigilada de la capital, y ahora los empresarios acusan que sujetos se presentan a sus negocios exigiendo 25 mil pesos mensuales a cambio de “seguridad” para el establecimiento y sus empleados.

Como los mismos empresarios señalan, el nivel de inseguridad en el Centro Histórico de Campeche ha incrementado, pues del robo a vehículos estacionados -delincuencia del orden común -se ha pasado a sujetos que se ostentan como integrantes de un cártel para extorsionarles, lo que implica el paso a criminalidad del orden federal. 

Seguramente existirá una respuesta por parte de la autoridad, especialmente si el grupo de empresarios señalan que no fueron atendidos correctamente en el número de emergencias. Los restauranteros saben que representan uno de los puntos más atractivos de la ciudad para el turismo y a todos les conviene que puedan trabajar y mantener sus negocios activos sin la presión de la delincuencia; es una aspiración lógica dentro de un Estado de derecho.

Los gobiernos no debieran pelear si han logrado los más altos lugares en seguridad, como hacía Alito Moreno, pero sí dedicar parte de su fortaleza al combate a la delincuencia. Una administración puede alegar que ya no pacta con los criminales para mantener una ciudad o estado en niveles de tranquilidad aceptables, pero cuando la violencia toca a la puerta y se hace presente en el corazón de la urbe, y no hay una atención pronta, se crea la percepción de ineficiencia, algo de lo que cualquier gobierno emanado de la 4T debiera evitar a toda costa.

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Edición: Estefanía Cardeña


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