La escolta y la politiquería

Este 1 de febrero inició el periodo de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Como parte del ritual se celebraron honores a la bandera con una escolta enviada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Nada que no se haya realizado antes, pero en esta ocasión la ceremonia tuvo lugar en el vestíbulo y no en el salón de sesiones. ¿El motivo? La escolta se presentó armada y la normativa interna de la Cámara impide el ingreso de armas.

Hasta ahí, una anomalía que podría interpretarse como un descuido cometido durante la gestión de la presencia de la escolta, pues muy probablemente el oficio de solicitud debió especificar que los soldados no podrían ingresar portando el arma de cargo; sin embargo, ésta forma parte del uniforme y no llevarla constituye una falta por parte de los militares y que la escolta va custodiada por personal armado “como símbolo máximo de respeto e identidad nacional”, según la respuesta de la Sedena.

Ahora, dada la composición de la Cámara, donde Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tiene la mayoría en el Pleno y en la Junta de Coordinación Política, se entiende la animosidad contra el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel Miranda, representante del Partido Acción Nacional (PAN).

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En el juego de percepciones, Creel se pronunció por la prevalencia de la norma interna de la Cámara, y en efecto la historia de México tiene pasajes, como la disolución del Congreso ordenada por Victoriano Huerta, en los que la presencia de los militares armados ha terminado en enfrentamientos mayores. 

Llama la atención que Creel MIranda, con la trayectoria que posee en la administración pública, haya cometido un descuido de ese calibre; a menos que la intención sea sacudir el avispero y presentar al presidente Andrés Manuel López Obrador como dispuesto a dejarse seducir por la tentación de un golpe de Estado, cosa que un sector considerable de la oposición cree.

Mientras el tema de la presencia de la escolta armada ha dominado titulares, dirigiendo la mirada hacia el Ejecutivo, la ciudadanía deja de ver los pendientes que acumula el Legislativo y que debe resolver en los próximos tres meses antes de que se dé un relevo en San Lázaro por todos los diputados que buscarán una candidatura. Cuestión aparte es que se reunirán dos veces por semana para tratar los asuntos de la Cámara, pues los fines de semana estarán en sus estados tratando de posicionarse y midiendo fuerzas, y también participarán en las campañas de Coahuila y el estado de México.

El llamado de atención de la Jucopo, en cuanto a que Creel debe “garantizar la unidad de la Cámara, velar por la inviolabilidad del Congreso, buscar el equilibrio entre las libertades de los legisladores y de los grupos parlamentarios y la eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales de la Cámara, haciendo prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo” carece de legitimidad si también participarán en el mismo juego de ir a apoyar la campaña de sus correligionarios y dedicarse a fortalecer su estructura local con miras a ocupar un nuevo cargo.

¿Politiquería? Sí, y de ambas partes cuando lo que hay, aparentemente, es dejar el trabajo acumulado a la siguiente Legislatura. Entonces, ¿cuándo representan a la ciudadanía? 

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Edición: Ana Ordaz