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Convocados por México, los 11 gobiernos que integran la Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra la Inflación acordaron un amplio conjunto de acciones destinadas a “abaratar los costos de productos de la canasta básica y bienes intermedios para la población más pobre y vulnerable”. La sesión virtual fue atendida por los mandatarios o representantes de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Venezuela y San Vicente y las Granadinas (en su calidad de presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Celac). Los líderes hablaron sobre la necesidad de “encontrar soluciones conjuntas frente a las presiones de precios y la carestía presentes en la región, así como para fortalecer la integración y el comercio regional”.

Durante el encuentro se presentó un diagnóstico de las causas del fenómeno inflacionario, en el cual se incluyen algunas bien conocidas, como las alteraciones en las cadenas de producción y distribución de bienes, productos y servicios tras la pandemia por Covid-19, así como otras que no suelen mencionar los grandes medios de comunicación ni los organismos internacionales afines a Washington (FMI o Banco Mundial), incluida “la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional que afectan a algunos países”, en referencia al bloqueo económico ilegal que Estados Unidos mantiene contra Cuba y Venezuela.

 

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El pacto se articula en torno a propósitos claramente saludables como la seguridad alimentaria y nutricional, además de incluir aspectos positivos como la transferencia de tecnología, que se suprimen en arreglos asimétricos y neocoloniales. Sin embargo, también enfrenta evidentes retos y limitaciones; por ejemplo, todos los esfuerzos deberán realizarse en un marco acorde a los pactos multilaterales, regionales, subregionales y bilaterales que obligan a cada país.

Más allá de los resultados puntuales que se presenten, la cumbre marcó un hito como el primer avance en materia de instrumentos de cooperación económica regional desde que Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay fundaron el Mercosur en 1991. En este sentido, la Alianza contra la Inflación tiene un enorme interés por su potencial embrionario de dar paso a un acuerdo más ambicioso entre los miembros fundadores, que podría ejercer influencia sobre otros países de la región, sea para integrarlos o para inspirar nuevas iniciativas en favor de la unidad.

Cabe celebrar el acuerdo como un paso concreto e inmediato hacia la integración latinoamericana, un ámbito históricamente plagado de buenas intenciones, pero pobre en resultados tangibles. Ahora se cuenta con un punto de partida sólido para avanzar en esa dirección, y para que el llamado sueño bolivariano se desarrolle a la par que la búsqueda del bienestar de las mayorías sociales, y es motivo de orgullo que México encabece este proyecto.

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Edición: Ana Ordaz


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