Entre los efectos de la pandemia por Covid-19 estuvo el cierre de rutas comerciales y la pérdida de cadenas de circulación de productos en el mundo. Adicionalmente, la intervención rusa en Ucrania se ha traducido en grandes obstáculos para que uno de los mayores productores de cereales envíe millones de toneladas de trigo, principalmente, al mercado internacional. Las causas de la inflación están ahí, y a comparación de otros países, México ha conseguido mantener moderado este índice.
Sin embargo, la inflación en el país tiene características propias que terminan por afectar a los que menos recursos tienen. Los mayores aumentos de precios se han dado en bebidas y alimentos, en los productos de la llamada canasta básica.
Este lunes, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, presentó el informe semanal de la dependencia y recalcó que la inflación “ya tocó afortunadamente techo”, y ahora se observa una tendencia a la baja en los precios de bebidas y alimentos, algo que los consumidores todavía no perciben. Cuando en un hogar la mayor parte del ingreso se destina a comestibles y transporte, cuesta mucho trabajo reconocer que se tiene un poco más de dinero para otras necesidades como el esparcimiento.
Si, por regla general, la inflación obedece a un desajuste entre oferta y demanda, cuando aumenta más que los pronósticos de los bancos centrales se convierte en un impuesto oculto que, de nueva cuenta, afecta a los asalariados, quienes experimentan la pérdida del valor de su trabajo. Para ellos, el daño simplemente no disminuye y su ánimo no corresponde al optimismo oficial.
Si bien Sheffield mencionó que “las medidas que ha tomado el gobierno federal por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador están surtiendo un efecto en el mercado”, reiterando que se observa una tendencia a la baja en los precios al consumidor, queda por reconocer que la población asalariada es la que ha resultado más afectada con todo y que la inflación en el último año se mantuvo en un dígito. Esto quiere decir que los incrementos que ha tenido el salario mínimo no se han traducido en una recuperación proporcional del poder adquisitivo.
Los aumentos al salario mínimo que se han dado desde 2018 han estado limitados. Los empleadores han respondido, en general, cumpliendo con las correspondientes aportaciones a la seguridad social usando el salario mínimo oficial como parámetro para el pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y las afores. Sin embargo, quienes perciben más que esta suma no han visto que sus salarios aumenten en la misma proporción que el mínimo, que hoy asciende a poco más de 6 mil 300 pesos mensuales.
En esto también han tenido mano los sindicatos cuyos líderes, tras las negociaciones de contratos colectivos de trabajo, salen a presumir que consiguieron porcentajes risibles de incremento, que no llegan siquiera a igualar la inflación.
Aventurar un pronóstico de recuperación económica para la población asalariada es arriesgado. Este grupo difícilmente podrá optar por disminuir su consumo, cuando el gasto está destinado mayormente, si no es su totalidad, a necesidades básicas; no estamos hablando de quienes pueden acudir a un restaurante o acostumbran ir al cine, sino de quienes recurren a un televisor o teléfono celular para diversión.
Una salida de la escalada inflacionaria de la que venimos tiene que contemplar la recuperación generalizada del poder adquisitivo, no únicamente aumentar el salario mínimo.
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