El Tren Maya y los organismos genéticamente modificados como productos del progreso científico

Dos temas controvertidos en el debate público reciente relacionados con la idea de progreso científico han sido, por un lado, el avance del proyecto del Tren Maya y, por otro, el freno que se le puso al uso de organismos genéticamente modificados (OMG). Me atrevo a establecer una analogía entre ambas discusiones porque los dos son, de manera general, objetos tecnológicos cuya implementación se da en un complejo entramado de relaciones técnicas y sociales. 

No pretendo aquí, por supuesto, dirimir ninguna de las dos cuestiones. Mi objetivo es exponer algunos argumentos usados en el debate público porque a veces las razones se usan convenientemente con fines políticos, ajenos a un interés legítimo por valorar la pertinencia de tales objetos. Por tanto, solo quiero señalar su uso de forma oportunista, no necesariamente por activistas o especialistas comprometidos, sino principalmente por parte de una oposición desesperada por la pérdida de privilegios y posiciones hegemónicas. 

En primer lugar, como el espíritu de esta columna ha intentado plasmar reiteradamente, todo desarrollo científico está inevitablemente ligado con determinados valores sociales, por lo que la ciencia nunca es un desarrollo neutral. Así, la valoración de una implementación tecnológica en una región debe elaborarse desde una perspectiva pluralista. Como consecuencia, si bien el objeto en cuestión pretende resolver un conjunto de cuestiones prácticas, también resulta necesario considerar otras implicaciones sociales. 

Recurriendo a esta gruesa distinción es fácil notar que, a primera vista, el tren resuelve un conjunto de cuestiones prácticas y económicas benéficas para una región históricamente marginada de cierto tipo de desarrollo. De igual forma, los OMG se ofertan como cultivos que disminuyen el uso de plaguicidas o que proporcionan mejoras ecológicas o nutricionales (voy a dejar de lado el hecho su inocuidad aún está en discusión por parte de los especialistas). No obstante, resulta indispensable valorar tanto el origen de los problemas que resuelven, como otras posibles consecuencias. No tengo posibilidad aquí de analizar todas estas dimensiones. Únicamente, me quiero centrar en el argumento sobre sus implicaciones culturales. 

En ambos desarrollos hay un impacto en las formas de vida de los pueblos indígenas involucrados. En el caso de los OMG, siendo genéticamente homogéneos, estos pueden poner en riesgo la biodiversidad al cruzarse con especies silvestres o al impactar otras especies del ecosistema, además de que forman parte de un modelo agroindustrial que promueve el monocultivo. Ello amenaza un patrimonio biocultural que es valioso conservar, lo cual se hace a través de la agricultura tradicional. En el caso del tren, el reordenamiento territorial que este requiere puede violentar formas de vida locales culturalmente diversas. En suma, en ambos casos existe el riesgo de romper con cosmovisiones y prácticas de la cultura mexicana originaria, es decir, cambios materiales y simbólicos indeseados. Tal riesgo requiere una discusión seria e incluyente. Como afirma Giovanna Gasparello (et al.) en su texto sobre el Tren Maya, las políticas públicas tendrían que acatar el art. 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y respetar el derecho de los pueblos indígenas a “decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible su propio desarrollo económico, social y cultural”. 

Sin embargo, después del decreto presidencial del 2020 para avanzar en la reducción del uso del glifosato y semillas transgénicas en México, buena parte de la prensa opositora expuso algunas objeciones provenientes de expertos, acusando que este carecía de base científica. No obstante, ignoraron el argumento sobre el impacto cultural, mismo que explotaron para criticar la construcción del tren. Así, si comparamos la objeción al decreto sobre los OMG, en un caso, y al tren en otro, esta resulta tramposa o contradictoria. 

En suma, ambos desarrollos tecnológicos tienen un aspecto en el que se pueden violentar los derechos citados, y otro en el que pueden ofrecer soluciones prácticas. Todo ello debe ser dialogado y se deben explorar opciones considerando el respeto cultural, junto con la salud, el ambiente, una economía justa, etc. Sin embargo, la prensa opositora solo usa el argumento sobre el impacto cultural cuando le sirve como crítica, instrumentalizando el derecho de los pueblos indígenas de forma poco ética. Lo cual nos hace sospechar del genuino interés que tiene al respecto. 

*Profesora del Departamento de filosofía de la Universidad de Guadalajara

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Edición: Estefanía Cardeña