Las agresiones de Layda

Era hasta cierto punto previsible que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenaría inscribir a Layda Sansores San Román en el Registro Nacional de Agresores Políticos en Razón de Género. 

Los hechos se remontan al año pasado. En junio, la Fiscalía General del Estado de Campeche realizó un operativo “para delimitar los espacios a nombre de Alejandro Moreno Cárdenas”, ex gobernador de esa entidad y hoy presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El fiscal, Renato Sales Heredia, señaló que la “inspección ocular” era parte de una investigación porque no existía correspondencia entre los ingresos de Alito y las propiedades a su nombre.

A principios de julio, ya con una orden de cateo, la fuerza pública campechana ingresó al domicilio de Moreno Cárdenas en el residencial Lomas del Castillo. Esta acción se prolongó por aproximadamente 10 horas. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, condenó el procedimiento contra el dirigente priísta, no porque existiera una investigación, sino por la forma en que se llevó a cabo el cateo.

Para entonces, Alito Moreno ya era protagonista habitual de los Martes del Jaguar, el programa que Sansores San Román proyecta como dosis semanal de inquina contra sus adversarios políticos, sin recurrir a denuncias judiciales. A raíz de los cateos, la gobernadora anunció que se había encontrado una cantidad de fotos íntimas de diputadas locales y federales en teléfonos recogidos durante la diligencia, y advirtió a las legisladoras que podrían ser extorsionadas por Moreno Cárdenas.

El problema fue que esas fotos, según admitió la propia Layda Sansores, se encontraban en sus manos y no en poder de la autoridad judicial. Las diputadas iniciaron una causa contra la gobernadora ante el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, instancia que desestimó la acusación. Por su parte, en apelación, el TEPJF recalcó que la mandataria fue agresora confesa y el tribunal local debió otorgar medidas para la protección de las priístas.

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Ahora, Layda Sansores estará impedida para participar como candidata o trabajar en el servicio público en los estados donde ya esté expresamente prohibido que agresores en razón de género se desempeñen en estas actividades. El plazo de cuatro años y seis meses es clave, pues es prácticamente lo que le falta para concluir su sexenio como gobernadora.

Sin embargo, la medida impedirá que Sansores San Román reciba una recompensa en 2024, dado el caso que resulte electa su candidata, Claudia Sheinbaum Pardo. No podrá repetir la solicitud de licencia para postularse a un nuevo cargo, como podría ser una senaduría, diputación federal, o un puesto en el gabinete presidencial.

En este momento, al estar en el Registro, Layda Sansores es un negativo en el futuro de Movimiento Regeneración Nacional. Es tal vez una pena muy cara por haberse distraído en un procedimiento que, de haberse seguido correctamente, ya le estaría dando enormes dividendos políticos. Formalmente, Layda está siendo condenada por posesión de contenido sensible proveniente de las diputadas, no por retirar evidencia recogida durante una diligencia de su Fiscalía.

Que la gobernadora de Campeche se encuentre hoy en el registro de agresores es también, para la ciudadanía, un argumento más para documentar su escepticismo. Es una prueba sólida de que la violencia política en contra de las mujeres la ejercen también mujeres, y no importa que se digan de izquierda o integrantes de la administración más feminista de la historia. 

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Edición: Estefanía Cardeña