La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que Layda Sansores San Román sí cometió violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMG) contra varias legisladoras y representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por sus dichos en el programa Martes del Jaguar del 5 de julio de 2022. Por esta causa, la gobernadora de Campeche está obligada a ofrecer una disculpa pública a las agraviadas.
En sesión pública celebrada este martes, los magistrados concluyeron -por unanimidad- que las publicaciones en redes sociales, relacionadas con las expresiones hechas por Sansores San Román en su espacio, contienen violencia sexual, simbólica, verbal, mediática, digital y psicológica, que afectó la dignidad de las agraviadas al estereotiparlas por el sometimiento a una figura masculina a través de diversas imágenes que referían que sus logros y carrera se debían a dicha persona, que en este caso se refería a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del partido a nivel nacional).
“Muy lamentable forma que la gobernadora quizá pensó que estaba protegiendo a las diputadas. No, lo que hizo fue una muy dura violencia política en razón de género”, dijo la magistrada Gabriela Villafuerte, al hablar de porqué en el episodio se cometió violencia sexual, simbólica, verbal y psicológica.
Además, tanto la gobernadora de Campeche como las personas responsables de las cuentas digitales denunciadas y los titulares de Comunicación Social y del Sistema de Televisión y Radio del estado, serán inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de VPMG durante periodos que van desde los 6 meses hasta los 4 años y medio, de conformidad con las particularidades de las conductas desplegadas y la calidad de quienes cometieron la infracción
Se estableció que todas personas señaladas son responsables por publicar, difundir o, en diversos casos concretos, por no realizar el retiro de las publicaciones que fue ordenado por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE). En ese entendido, se determinó sancionar a las partes denunciadas con amonestaciones públicas y multas.
También se ordenó la implementación de diversas medidas de reparación integral como la publicación del extracto de la sentencia, la publicación de una disculpa pública en redes sociales y el retiro de las publicaciones que aún se encuentran disponibles, así como la realización de cursos enfocados en la promoción y protección de los derechos de las mujeres.
Edición: Mirna Abreu
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La Jornada
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