Libros de texto: la polémica legal

A las inconformidades que, históricamente, produce cada edición de los Libros de Texto Gratuitos (LTG) de la Secretaría de Educación Pública, en esta ocasión se suma la apertura de la vía legal que busca impedir su distribución, algo que se antoja difícil pero no imposible si la autoridad comete algún error u omisión en la información que proporcione.

A fines de mayo se anunció que la jueza Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Yadira Elizabeth Medina Alcántara, concedió la suspensión definitiva a los LTG para el ciclo escolar 2023 -2024, causa promovida por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF). El amparo, sin embargo, no impedía la impresión de los ejemplares, pero sí condicionaba a la SEP a probar que la elaboración de los libros siguió el protocolo legal correspondiente, además de garantizar la intervención de los gobiernos estatales y especialistas en materia educativa.

A la fecha, según Medina Alcántara, la SEP aún no acredita que la impresión se dio conforme a los programas y planes aprobados. 

“Las autoridades exhibieron diversas constancias para acreditar el cumplimiento, sin embargo, no acreditan que, de no haberse aprobado los programas de estudios en los términos indicados en la normatividad vigente, a fin de salvaguardar el derecho a la educación, implementaron los mecanismos necesarios para que la impresión de los libros de texto se realice conforme a los programas y planes que previamente hayan sido aprobados, con las formalidades legales respectivas, para el ciclo 2023”. En resumen, la SEP no envió documentación probatoria de que los programas y planes de estudio para el año escolar que está por iniciar hayan sido elaborados conforme a los procedimientos de la propia dependencia.

La SEP, por su parte, impugnó la suspensión en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que ahora dio a conocer que la UNPF solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza su facultad de atracción para conocer el recurso de revisión que interpuso la Secretaría. 

Y mientras, la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, ha salido a decir, apegándose a la letra legal, que no existe amparo que impida la impresión y distribución de los libros. Es cierto, pero es una verdad a medias, pues para el Juzgado que lleva el amparo, y debe ahora resolver de fondo, la Secretaría debe acreditar que ha cumplido con la suspensión definitiva y todavía falta por revisar los programas educativos y verificar el contenido de los LTG. 

Con un Poder Judicial cuestionado desde el Ejecutivo, la decisión legal que resulte será también polémica. Mientras tanto el curso escolar está a la vuelta de la esquina y tal parece que volveremos a lo que era habitual en los años 1970 y 1980, cuando los libros de texto gratuitos llegaban a manos de los niños cuando septiembre ya estaba por finalizar.

Queda cuestionar si era posible que los LTG llegaran a las aulas sin más cuestionamientos que algunas erratas o algún ejemplo de ejercicio mal resuelto; algo que los docentes pudieran solucionar en un santiamén. Después de lo pasado por miles de maestros durante el confinamiento, que con recursos mínimos lograron elaborar cuadernillos y materiales educativos de lo más diversos de acuerdo a las necesidades de sus alumnos, queda la impresión de que algo se pudo hacer mejor y así evitar una polémica que no deja ver con claridad de qué trata la llamada Nueva Escuela Mexicana.

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Edición: Estefanía Cardeña