SCJN: al día siguiente

Las decisiones que da a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre los asuntos tratados en sus salas o en el pleno, son derivadas de proyectos que cada ministro elabora y debe someter al análisis de sus pares antes de llegar a una votación. Idealmente, estos proyectos se basan en lo que se supone es la correcta interpretación de la Constitución y leyes inferiores, pero desde que se necesite llegar a un acuerdo o votación para indicar cuál es la interpretación correcta, es porque tanto las normas como quienes las elaboran son humanos y, por lo tanto, poseen intereses particulares y están sometidos a presiones políticas.

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó en su conferencia diaria que la actuación de jueces, magistrados y particularmente el ministro Luis María Aguilar Morales, ha frenado los procesos penales contra grandes contribuyentes, impidiéndole a la hacienda nacional obtener ingresos por alrededor de 80 mil millones de pesos.

El ministro señalado debía presentar ayer martes un proyecto en el cual proponía emplazar al Presidente a fin de que ratificara a María Bárbara Templos Vázquez como magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), so pena de ser destituido de su cargo. Aguilar Morales retiró su proyecto, lo que significa que 1) optó por revisar el documento a fin de fortalecer su sustento legal; 2) hay un nuevo elemento jurídico para analizar, o 3) la magistrada se desistió de permanecer otros 10 años como integrante de la Sala Regional del TFJA.

Por el tiempo transcurrido entre que López Obrador acusara de prevaricato al ministro Aguilar Morales, y el retiro del proyecto para emplazar al Presidente, resulta obvio que el mandatario se impuso en esta demostración de fuerza. En la balanza de la opinión pública pesa mucho más que un grupo de grandes empresarios evada sus obligaciones fiscales, negándole al país la posibilidad de contar con fondos suficientes para obra pública, adquisición de medicamentos para el Sector Salud o el aumento al presupuesto de programas sociales, que el mantener a una magistrada, por más probidad que ésta haya demostrado en el ejercicio del cargo.

Sin embargo, la tensión entre la Presidencia y la SCJN todavía se mantiene. En la misma sesión de ayer, la Segunda Sala autorizó al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) a sesionar válidamente con los cuatro comisionados que lo integran actualmente. Esta decisión no es menor, considerando que la demora del Senado en nombrar a cuando menos una persona más para el pleno del INAI, faltando todavía la designación de otras dos.

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Con esto, el INAI, uno de los organismos públicos autónomos que no tienen el favor del presidente, conjura el fantasma de la parálisis funcional y también que, en un futuro cercano, sus funciones sean absorbidas por la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción, mientras su presupuesto se destina a programas sociales.

La Segunda Sala, en la que participa el ministro Aguilar Morales, consideró que la actual parálisis del INAI ha venido actualizando cotidiana y reiteradamente la violación de dos derechos fundamentales: a la información y a la protección de datos personales.

La decisión de autorizar que el pleno del INAI sesione válidamente a pesar de estar incompleto se da aprovechando la ausencia por vacaciones de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien debe resolver la controversia que promovió el organismo en contra de la falta de nombramientos para los tres comisionados que hoy todavía se encuentran vacantes.

La amenaza de parálisis total del INAI, por lo pronto, ha sido desvanecida por el Poder Judicial. Queda ahora en manos del Legislativo despejar las nubes de tormenta que aún pesan sobre el organismo. Sin embargo, aún quedan más jornadas de tensión en el Senado para garantizar la continuidad del INAI como órgano garante del derecho a la información pública y protección de datos personales. Mientras, los diferendos entre los tres poderes continuarán, como debe ser en toda república, pero queda también pendiente garantizar el recto proceder de los encargados de impartir justicia.

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Edición: Estefanía Cardeña