Para los derechohabientes del sistema público de salud, las clínicas dotadas de equipo obsoleto, mantenimiento mínimo para aires acondicionados incluso en quirófanos, red sanitaria inadecuada e incluso camas y camillas con más de 40 años, son asuntos incluso normalizados; como si la responsabilidad del Estado para garantizar el derecho a la salud estuviera limitada a dar un acceso mínimo a infraestructura, atención médica y medicamentos.
Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó los resultados de investigaciones con motivo del “rescate” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que encabeza la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, revelando la existencia de un esquema de saqueo y defraudación que durante 12 años desvió más de 15 mil millones de pesos. En este esquema participaron servidores públicos, coyotes y litigantes particulares.
Entre lo obtenido por esta red existen al menos cien pensiones que rebasan el monto máximo de 31 mil pesos mensuales que establece la ley, aunque éste tal vez sea el menor de los daños al patrimonio del ISSSTE, si se analiza lo erogado a través de la subrogación de servicios debido a las carencias provocadas tanto quienes encabezaron al Instituto en las pasadas dos administraciones federales, como quienes obtuvieron contratos y/o promovieron litigios laborales contra el instituto.
Es loable que el Ejecutivo federal tenga por meta dejar un Issste saneado, que garantice buenos servicios a los burócratas. Que se investigue, se documenten las pruebas, se presente el caso ante las instancias judiciales correspondientes y finalmente se depure y recupere la institución. Sin embargo, lo presentado en la conferencia matutina de ayer es tal vez únicamente la punta del iceberg; es lo que se encontró en las oficinas centrales y falta por ver lo que ocurre en las delegaciones estatales.
Si el ISSSTE era la institución de salud más destruida y todos sus servicios se encontraban subrogados y hoy se pretende depurarlo y fortalecerlo, esto debe ser integral. De contemplarse a las delegaciones se haría evidente que la corrupción en el instituto es una hidra cuyas múltiples cabezas están conectadas incluso con los órganos de control interno, cuyos encargados se hacen de la vista gorda ante las demandas interpuestas y finalmente son omisos a proceder tanto en averiguaciones como en sanciones.
Que las finanzas del ISSSTE se hayan saneado y de adeudar más de 20 mil millones de pesos y ahora se pueda invertir en bienes muebles y equipamiento es beneficioso para los trabajadores del Estado, pero cuando se mantienen mañas como el cobro de diezmos o el retraso en el pago a proveedores es señal de que la corrupción no se ha erradicado y que la lucha contra esa hidra requerirá de más de un San Jorge.
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