Evaluación gubernamental en México: caso Precios de garantía a productos alimentarios básicos de Segalmex

En 2019 nació el programa de desarrollo social Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, coordinado por el organismo descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) sectorizado en la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). De acuerdo con sus Reglas de Operación (ROP), el objetivo del programa es “complementar el ingreso de los pequeños y medianos productores agropecuarios de granos básicos (arroz, frijol, maíz y trigo) y leche, a través de la implementación de PRECIOS DE GARANTÍA (sic) y/o incentivos a la producción entregados de manera directa, sin intermediarios al beneficiario” (DOF, 2023). Este programa es uno de los tres prioritarios de apoyo al campo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador: Sembrando Vida, Producción para el Bienestar y Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos (PPG).

Segalmex ha recibido duras críticas relacionadas con el desvío de recursos. El 17 de agosto de 2023 el diario La Jornada publicó que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al gobierno argentino la extradición de Manuel Lozano Jiménez, ex funcionario de Segalmex, por el desvío de más de 10 mil millones de pesos destinados a la adquisición de granos básicos (Castillo García, 2023). No obstante, el PPG ha logrado incidir positivamente en los beneficiarios al evitar “una reducción de su superficie de producción de 5 por ciento respecto a los productores no beneficiarios” y al contribuir a “un mayor ingreso para los beneficiarios”, a pesar de que no ha logrado promover el aumento de la producción (Guerrero Ortiz, Leos Rodríguez, Palacio Muñoz y Ocampo Ledesma, 2023, 257-258).

En 2022 el PPG fue evaluado la Universidad Autónoma de Chapingo, instancia que coordinó el proyecto denominado “Evaluación de Procesos a tres Programas prioritarios de apoyo al campo” para las entidades Puebla, Jalisco, Zacatecas y Sinaloa. La evaluación contó con la destacada asesoría técnica de la la Coordinación General de Evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), a cargo de la Mtra. Karina Barrios Sánchez (Coneval, 2022). La evaluación de procesos explica “el fenómeno estudiado, en el caso de la gestión operativa del programa: sus relaciones del contexto social, cultural, político e institucional en que opera” (Coneval, 2017). 

Los principales hallazgos del PPG demuestran que “la coordinación de los agentes contribuye al logro de los objetivos y metas mediante mecanismos de mejora continua.” También se identificó que los beneficiarios reciben de manera directa “el monto derivado de la venta de sus granos de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad”. Otra de las fortalezas del PPG es la continua revisión y actualización de sus ROP, así como de la retroalimentación resultado de sus auditorías. Una buena práctica es el hecho de que al no contar con instalaciones propias ha sido crucial “la cooperación de comunidades y ejidos para facilitar en préstamo, renta o comodato sus bodegas e instalaciones como centros de acopio.” Por otro lado, la evaluación observó que la selección del personal a cargo de las diversas operaciones “incluye un examen interno y el cumplimiento de requisitos de estudio y conocimientos de acuerdo con el perfil de los distintos puestos.” Por último, cabe destacar que el PPG cumple con los parámetros de calidad del grano acorde con las normas oficiales y son avalados por el Sistema Integral de Precios de Garantía (SIPREGA) (Coneval, 2022). 

A la par, la evaluación detectó algunas áreas de mejora. Aún falta por definir una metodología que permita establecer de manera clara los precios de garantía. De igual modo, es necesario “identificar una estrategia de difusión del Programa articulada y con recursos presupuestarios desde nivel central, regional y local”, pues hay productores que lo desconocen. De manera paralela, se recomienda vincular el trabajo de quienes operan el PPG con otras dependencias estatales y federales para difundir el programa y sus procesos. También se identificó que los sistemas informáticos de Segalmex y SIPREGA a veces se saturan, y que es menester generar un plan de reparación y mantenimiento de centros de acopio. El ejercicio finaliza con una serie de recomendaciones puntuales acompañadas de propuestas de intervención (Coneval, 2022).

La evaluación de los programas de desarrollo social en México no debe ser vista como un acto coercitivo ni inquisidor. Al contrario, las evaluaciones son ejercicios cuyos resultados permiten la mejora continua de los procesos y procedimientos gubernamentales, y generan inercias entre los actores participantes: gobierno, consultorías, universidades y centros de investigación, beneficiarios/as de los programas sociales y medios de información. En este sentido, cabe decir que Yucatán ha dado muestras de buenas prácticas. En 2018 la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan) del gobierno del estado diseñó el Plan Estatal de Desarrollo con apoyo del Coneval y el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) “para validar los indicadores que permitan evaluar el desempeño de las políticas públicas a implementarse” (DOFY, 2018, 20). Este es un trabajo que quienes diseñan, implementan, monitorean y evalúan las políticas públicas en México debe reconocer e incentivar. 

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Edición: Estefanía Cardeña