El tortuoso camino hacia un derecho

Considerar el aborto como un derecho que puede ejercer cualquier mujer es un asunto espinoso, por decir lo menos, especialmente en sociedades que consideran que una vida sexual activa pertenece exclusivamente al ámbito del matrimonio y fuera de éste se trata de una conducta aberrante punible precisamente con el matrimonio y la maternidad, cuando la consecuencia es un embarazo no deseado.

Esta concepción suele hacer de menos los casos de embarazo resultado de una violación o cuando la afectada es menor de edad o incluso alguien con alguna discapacidad. También suele considerar a todas las mujeres en igualdad de circunstancias, esto en un país en el cual tres de cada 10 mujeres indígenas admiten haber sufrido al menos un acto de discriminación, según ha dado a conocer este martes la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación.

Ante de juzgar, podríamos plantearnos que no todas las mujeres han recibido una misma educación, o cuentan con el apoyo incondicional de la pareja, la familia y/o una red de apoyo sólida que la acompañe por lo menos durante la gestación, el parto y el puerperio. Y consideremos también que para quienes en estos momentos se encuentran en el rango de edad con la mayor tasa de fecundidad, que son las mujeres de 20 a 24 años, la idea de que tener un hijo es un lujo es cada vez más fuerte. Tómese en cuenta también que 28 de cada 100 mujeres ejerce la maternidad sin pareja; siete de ellas permanecen solteras y 21 separadas del progenitor varón.

La Red de Mujeres y Hombres, por una Opinión Pública con Perspectiva de Género en Campeche A. C. (Redmyh), ha realizado un ejercicio de recolección de información de carácter peninsular, para el cual es notable que recurrió a la Plataforma Nacional de Transparencia, con respecto al programa federal Servicio de Aborto Seguro. Sus hallazgos son por demás reveladores.

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La investigación de la Redmyh deja al descubierto que, en Campeche, este programa ha sido prácticamente saboteado hasta hacerlo inoperante y la voluntad para informar es prácticamente nula al menos desde las autoridades locales. En esta entidad, la legislación local aún no se ajusta a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo cual el Estado incumple su obligación de garantizar un derecho, dado que ni se cuenta con personal médico ni es posible asegurar que habrá los insumos para realizar el procedimiento con las medidas sanitarias mínimas, y ni siquiera se brinda información a través de las redes sociales del programa, con lo que se arriesga la salud de las mujeres que desean practicarse un aborto. 

Sorpresivamente, Yucatán tendría como única observación que hay temporadas en las cuales el abasto del medicamento para el procedimiento, pero se informa que en 2022 se atendió a 190 mujeres y en lo que va del presente año van 232 solicitantes atendidas, aunque la mayor parte son residentes de Mérida.

Quintana Roo, por el contrario, muestra una disminución radical en la cifra de mujeres atendidas: de 138 en 2022 a únicamente cuatro durante 2023, aunque sería posible asociar esta caída al cierre de los módulos de Solidaridad e Isla Mujeres. Sin embargo, tampoco hay información en cuanto al servicio que deberían brindar las autoridades locales a través de la Secretaría de Salud.

En el campo de lo ideal, todo embarazo es planeado y deseado, y la mujer cuenta con una red de apoyo que va de lo individual a lo institucional. En un escenario así, los abortos serían producto de complicaciones de salud y no existiría un solo caso fuera de éste que estuviera motivado por las causales que contemplan algunas leyes locales. Y aun así, tener descendencia es una vocación y no un mandato sobre mujeres y hombres. Mientras se llega a lo ideal, se requiere de un esfuerzo conjunto entre ciudadanía y autoridades para que exista una educación sexual respaldada por la ciencia y que contemple las responsabilidades del ejercicio de la sexualidad, pero también que se garantice el derecho al aborto para quien necesite hacerlo valer.

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Edición: Estefanía Cardeña