La división de poderes es fundamental para que existan contrapesos que eviten los excesos y generen equilibrios, pero ninguno puede desacatar el principio Constitucional primario que enuncia que la Soberanía radica en el pueblo, por lo cual es insostenible ir contra de los intereses de las mayorías y aplicar discrecionalmente las leyes para privilegiar los beneficios de unos cuantos.
Ha quedado claro en los hechos, lo cual es muy lamentable, que con el arribo de la magistrada Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se ulceró la relación institucional entre poderes y en su lugar prevalece el choque y los enfrentamientos del Poder Judicial con el Legislativo y el Ejecutivo.
Es inocultable que la ministra Piña ingresó a la SCJN propuesta por el ex presidente priísta de México, Enrique Peña Nieto, y en todo momento, incluso antes de asumir la presidencia de la SCJN, ha rechazado sistemáticamente todas las propuestas del titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, sin importarle que estuvieran enfocadas al bienestar colectivo.
Lo absurdo es que los elevadísimos salarios de los ministros de la SCJN y sus onerosos privilegios y prebendas los paga el pueblo Soberano de México al que en los hechos se niegan a servir. Incluso muchos de sus fallos van en contra del país.
El pueblo Soberano eligió a Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República con mayoría aplastante de votos. Además, no sólo ha mantenido el apoyo popular con el que fue elegido, sino que lo ha incrementado. La más reciente encuesta publicada por De las Heras Demotecnia reveló que López Obrador tiene un altísimo 78 por ciento de aprobación, y 68 por ciento de los votantes sufragaría a favor de la candidata de su partido, Claudia Sheinbaum Pardo, en tanto que por la candidata del Frente Amplio por México que integran el PAN, PRI y el PRD, Xóchitl Gálvez, sólo 14 por ciento. ¿En qué posición queda la SCJN?
Sin rubor el poder judicial federal ordenó la liberación del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, acusado por tres delitos vinculados al feminicidio de Ariadna Fernanda, y además pesa en su contra otra denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de la entidad en la que labora. El mismo poder judicial federal sacó de la cárcel al abogado de las élites, Juan Collado, “por motivos de salud”, y está a punto de liberar a Emilio Lozoya, confeso de delitos de corrupción. El periódico The Guardian publicó una lista de fallos del poder judicial federal que beneficiaron al crimen organizado. Y todavía la SCJN ha pugnado para poner el mercado eléctrico mexicano y a Pemex en manos de las voraces corporaciones extranjeras y nacionales beneficiadas por los gobiernos del PAN y el PRI.
En lo local
URGE LA RECOMPOSICIÓN de los partidos de oposición en todo México para enriquecer la democracia, porque de seguir las cosas como hasta ahora, Morena y sus aliados seguirán cometiendo atropellos y abusos como el que cometieron cuando encumbraron en la diputación federal del distrito dos que corresponde al Sur de la entidad, a Anahí González, quien radica en Cancún y en el ejercicio de su cargo ignora a sus representados. Ya existe un movimiento del Sur para impedir la reelección de Anahí González, e incluso la candidatura de cualquier persona ajena al distrito, ojalá los poderosos del Verde-guinda adquieran mesura.
En fin, son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!
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