Las irresistibles caricias del SAT

Pertenecer a una nación, cualquiera que sea el régimen de gobierno que ésta se dé, implica una serie de derechos y obligaciones. Entre estas últimas, la que produce mayores tensiones produce y a la vez es la que da viabilidad a un Estado está el pago de impuestos.

La recaudación fiscal tiene distintas lecturas, todas ellas de orden político aunque eventualmente se refleje en la elaboración del presupuesto de egresos de cada año. La manera en que un gobierno obtiene ingresos y cuenta con recursos para desempeñar sus tareas básicas requiere de una negociación básica que involucra a la iniciativa privada y al mismo tiempo considerar los efectos en la población asalariada y también en la más vulnerable. La Ley de Ingresos, así, es resultado de un análisis técnico que tiene que realizarse profesionalmente, porque cualquier exceso en la exacción de impuestos puede convertirse en un cuestionamiento a la legitimidad del Estado.

En el pasado inmediato, lo que actualmente ha querido denominarse la era neoliberal, el aumento al Impuesto al Valor Agregado que es al consumo, ha sido una bandera política. Cabe recordar que el “festejo” de los diputados priístas, entre ellos Humberto Roque Villanueva, le costó al entonces partido oficial entregar la capital del país, en la primera elección de regente, al opositor Cuauhtémoc Cárdenas.

Así, las intenciones por establecer un IVA universal que incluya alimentos y medicinas (que hasta la fecha se mantienen en “tasa cero”) han sido frenados en el Poder Legislativo. Mientras, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) ha ido cambiando, dependiendo de los ingresos que obtengan las personas físicas o las empresas.

Pero los impuestos son básicos para cualquier gobierno. Los ingresos que se obtienen por esta vía se traducen (idealmente) en servicios públicos y en el funcionamiento de instituciones que a su vez garantizan el acceso a la diversidad de derechos del ciudadano, y que un país sin recursos termina por depender de otros más poderosos o de cualquier poder fáctico que le haga llegar dinero por cualquier vía, legal o ilegal.

Entonces, que la recaudación de impuestos en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador resulte la más alta para un periodo comparable con las administraciones anteriores, es una noticia positiva, aunque no por ello susceptible de tener diferentes lecturas, todas ellas de corte político.

La estrategia que ha permitido estos montos, ha revelado el Sistema de Administración Tributaria (SAT), se basa en negar condonaciones no previstas en la ley, cobrar a los grandes contribuyentes y aumentar la eficiencia de la administración. El enfoque oficial adolece, sin embargo, de una mención que le habría resultado benéfica para efectos propagandísticos.

En efecto, el aumento en la recaudación puede obedecer a que el SAT se ha vuelto inflexible con los grandes contribuyentes y ahora les cobra lo que realmente debe. Esto es eliminar la corrupción y cumplir con lo que las leyes fiscales establecen. De la autoridad no debiera esperarse otra cosa. Por otro lado, que el trabajo sea más eficiente también implica que la presión fiscal sea más intensa, y prácticamente cualquier contador público puede dar cuenta de lo que el actual gobierno le ha significado a estos profesionales en cuanto a carga de trabajo. 

Pero también, el pago de impuestos implica una relación entre quien tributa y el gobierno que recauda, pero cuando los primeros perciben que la razón entre lo que se les cobra y lo que se les devuelve en servicios es favorable, la obligación de tributar de acuerdo a la actividad económica que se tiene termina por ser aceptada y tomada hasta con naturalidad. Esto redunda en la legitimidad del gobierno, al que se tiene por benévolo y/o justo en lo referente a cuánto exige del patrimonio de empresas y personas.

Ahora bien, el mayor incremento recaudatorio proviene de las grandes empresas, las que tienen ingresos superiores a los mil 500 millones de pesos al año. A éstas también se les han estado cobrando los créditos fiscales por adeudos de años previos, siendo uno de los casos más representativos el de los negocios de Ricardo Salinas Pliego (Elektra, TV Azteca), quien sigue recurriendo a maniobras legaloides para evitar el cobro. El riesgo para el país no está tanto en que la justicia le dé la razón, sino en que una vez cubiertos los adeudos la recaudación disminuya porque las empresas dejen de crecer.

El desafío para la siguiente administración estará ahí también, que la Secretaría de Hacienda mantenga el manejo profesional de la tributación, pero también en que la base contribuyente sea cada vez más amplia, y para eso se requiere ir contra la economía informal.

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Edición: Estefanía Cardeña