El sábado pasado, un poderoso terremoto de magnitud 6,3 y cuatro réplicas del mismo sacudieron durante una hora a Herat, al occidente de Afganistán. Al menos 13 poblaciones en la empobrecida provincia del país centroasiático quedaron completamente destruidas, sepultando bajo sus escombros a decenas de miles de niños, mujeres y hombres vivos, y dejando a otros miles más muertos.
Si bien gracias a la tecnología el mundo entero conoció rápidamente la escala del desastre, la ayuda internacional que suele seguir a los fenómenos naturales de esta magnitud no ha sido tan veloz, pues los medios de comunicación presentes en la zona resaltan que, pese a las peticiones emitidas por el gobierno talibán, hasta el momento las poblaciones golpeadas por los sismos no han recibido ningún tipo de apoyo humanitario extranjero, dejando las labores de rescate en manos de los sobrevivientes.
En este contexto de crisis, también es llamativo que el gobierno mexicano, habitual aliado de las víctimas de los sismos debido a su larga tradición en el ámbito a través de los Topos Tlatelolco, tampoco haya mencionado ninguna iniciativa para auxiliar a Kabul, aún cuando el Senado y la Secretaría de Relaciones Exteriores ya expresaron su postura respecto a la guerra en Palestina, que ocurre en paralelo a la catástrofe afgana.
Aunque algunos políticos y organizaciones humanitarias han señalado que la falta de apoyo se debe en gran parte a la dificultad logística para acceder al país, la realidad pragmática es que el mutismo global alrededor del sismo es resultado de la complicada relación política con el autoproclamado gobierno talibán, situación que trae a la luz la doble moral que sustenta al régimen de Derechos Humanos en el mundo occidental y que impacta la distribución de la ayuda internacional.
La catástrofe afgana
El sismo del fin de semana es la última de las grandes catástrofes afganas ignoradas por la comunidad internacional. Desde el regreso de los talibanes al poder en 2021, el país vive una hambruna que, según los datos de este año de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), ha puesto a más a 17 millones de personas al borde de la inanición; en julio pasado las lluvias derivadas del monzón estacional dejaron a 31 personas muertas y a miles más damnificadas; y en la mayoría de las provincias continúa la violencia que pone en riesgo las vidas de los civiles día con día.
En otro país, cualquiera de las situaciones anteriores bastaría para que la comunidad internacional iniciara campañas y contactos de apoyo global que pudieran poner fin al sufrimiento de la población afectada, como ha sucedido en Turquía y más recientemente en Marruecos. Pero Afganistán tiene una característica particular que los países anteriores no comparten: es liderado por una agrupación considerada terrorista por Occidente.
Esta singularidad ha permitido a la comunidad internacional ignorar uno de los preceptos fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: la igualdad de la dignidad humana, y ha permitido crear una nueva escala de valores que superpone los intereses políticos globales a las prerrogativas fundamentales de la población afgana, creando así quizá la mayor catástrofe del país centroasiático.
Bajo el argumento de no apoyar directa o indirectamente a un régimen terrorista, el mundo occidental se ha permitido pasar por alto, una y otra vez, el sufrimiento de la población local. A diferencia de lo que sucede en el resto del mundo, en este país la normativa moral imperante permite someter la seguridad de la población a los intereses políticos en turno, y solo abordar la primera cuando se alinea con los segundos.
Es por ello que a Estados Unidos, los países miembros de la Unión Europea, e incluso naciones con una larga tradición humanitaria como México, no les parece una contradicción promover la lucha de las mujeres afganas para eliminar el yugo de la burka, mientras dejan morir a miles de personas afectadas por sismos, inundaciones y otras catástrofes ajenas a la influencia política de los talibanes.
La paradoja talibana
Si bien en Occidente dicha contradicción es poco abordada, e incluso muchas veces desconocida, al interior de Afganistán, y especialmente entre los dirigentes del autoproclamado gobierno talibán, la misma está muy presente. Diversos analistas y teóricos incluso señalan que el regreso de los yihadistas al poder y su continuidad en el gobierno se explican por ella.
Estos últimos aseguran que el Emirato ya debería haber colapsado debido a la conjunción de las crisis económica y humanitaria que vive el país con el modelo represor que promueve la nueva administración; sin embargo, el gobierno se mantiene con vida por una curiosa paradoja: la hipocresía occidental alimenta el apoyo local hacia los nuevos gobernantes.
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En momentos de crisis, como la guerra de ocupación o más recientemente el sismo, la población civil siempre espera la llegada del apoyo internacional para poder salir adelante. Pero por el juego político global, esta es bloqueada por Occidente; la nueva administración aprovecha entonces la sensación de abandono y desinterés locales para fortalecer el discurso nacional y hacer sentir a la gente que su única salida de la crisis es a través del régimen.
Es por lo anterior que en momentos de emergencia, como el que está viviendo Herat en la actualidad, el apoyo de la comunidad internacional no solo es un deber humanitario, sino también una herramienta primordial para fortalecer a los sectores más progresistas en Afganistán y hacer frente a la avanzada ideológica talibana.
Si Occidente de verdad quiere permear en la población local, lo primero que debe hacer es analizar sus posturas políticas y eliminar las contradicciones que minan sus propuestas humanitarias y su supuesta lucha global en apoyo a los Derechos Humanos.
Un contingente de Topos mexicanos bien podría hacer sentir a los damnificados en Herat que el régimen humanista promovido por la 4T en México y el resto del mundo no es una falacia, y que el país sí está comprometido con sus ideales humanitarios. Entonces, la misma sociedad local podría interiorizar dichas propuestas, empezar a gestar procesos que eliminaran las políticas fundamentalistas, y con ello construir un Estado afgano más inclusivo y tolerante.
Edición: Mirna Abreu
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