La atención a la salud mental es un tema del presente milenio. La pandemia de Covid-19 fue coyuntural para que se hablara más del asunto, pues el confinamiento, el miedo a contraer la enfermedad y contagiar a los seres queridos, o a vivir una situación de violencia, quedarse sin ingresos o no poder adaptarse a la nueva realidad fueron preocupaciones comunes y que afectaron a buena parte de la población en el mundo.
Los padecimientos mentales tienen un largo historial de normalización en Yucatán. La tasa anual de suicidios es la punta del iceberg de lo normalizada que está la falta de atención a las enfermedades mentales, y esto no es por falta de personal capacitado, sino de una creencia según la cual únicamente los locos necesitan ir al sicólogo o tomar un medicamento siquiátrico.
Todavía a principios del milenio, el entonces presidente Vicente Fox fue blanco de burlas porque se hizo público que era usuario de un medicamento: Prozac o fluoxetina, cuya acción consiste en aumentar la serotonina.
Ahora, en Yucatán, los trastornos de ansiedad ocupan el primer lugar entre las enfermedades mentales, con el 14 por ciento de incidencia, la cual resulta mayor que la de la diabetes mellitus o la hipertensión arterial, que ya es mucho decir para los parámetros de la entidad.
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Vale la pena preguntarse qué es lo que produce miedo o preocupación excesiva en la población yucateca, cuando el estado se promueve y es reconocido como el más seguro de México, la misma población presume que es posible salir a altas horas de la noche o de madrugada con la certeza de que se regresará a casa, y cuya economía manifiesta tendencia al crecimiento. Hay algo entonces que no responde a las necesidades de la población.
Si a esto agregamos que la prevalencia del trastorno por consumo de alcohol es del 9 por ciento, tenemos que apenas dos tipos de afectaciones a la salud mental impactan en casi la cuarta parte de la población yucateca; lo que en números daría un aproximado de 450 mil personas. Y estaríamos hablando solamente de la que ha recibido atención.
Apenas en junio del presente año se alcanzaron los 120 casos de intoxicación alcohólica aguda, cantidad que superó el total de los registrados en 2022. Cabe recordar que a mediados de 2020, la incidencia de esta intoxicación se desplomó, pero esta caída no fue resultado de una estrategia gubernamental de largo aliento, sino que obedeció a una prolongada ley seca que sí cobró vidas por ingestión de alcohol adulterado.
Agreguemos la depresión mayor, con incidencia del 9 por ciento, y obtenemos que alrededor del 30 por ciento de la población yucateca tiene algún padecimiento mental y que todavía pesa el estigma de acudir al sicólogo.
En este martes fue el Día Mundial de la Salud Mental, y queda la tarea de preguntarnos cada uno qué hacemos para vivir, y no respondernos a qué nos dedicamos para obtener el sustento, sino al tiempo que dedicamos a atender nuestra única red social, que son las personas de carne y hueso en nuestro entorno; o el talento que desarrollamos por el mero disfrute, la manera en la que cada quien decide abrazar su propio cuerpo y brindarle atención; pero también en desafiarnos y respondernos honestamente si necesitamos ayuda para vencer la ansiedad, la alcoholemia y la depresión.
Pero también es momento para evaluar los resultados de las estrategias de atención a la salud mental, que deberían arrojarnos resultados medibles en la disminución de esas tasas en las que Yucatán ocupa vergonzosos primeros lugares, como son la de suicidios y la de intoxicación alcohólica aguda. Eso sería convertir la salud mental en un derecho y verdadero estado de bienestar, y no un costo de la pandemia pagadero a largo plazo con muchas vidas afectadas.
Edición: Estefanía Cardeña
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