La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó este martes un dictamen que impide al Poder Judicial de la Federación (PJF) crear y mantener fideicomisos adicionales a los previstos en su Ley Orgánica. Las reacciones en la oposición han tendido a ver una venganza del presidente Andrés Manuel López Obrador, teniendo como antecedente el enfrentamiento entre el jefe del Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En este contexto, desde hace varios meses se maneja que López Obrador pretende ahorcar financieramente al Poder Judicial, y que la extinción de estos fideicomisos afectará a la impartición de justicia. Lo que ha hecho la comisión de legisladores, que conforman 51 personas, es una reforma a las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, entre otras disposiciones a otras normas. El documento fue turnado a la Mesa Directiva y deberá discutirse próximamente en el pleno.
Durante la discusión, el diputado morenista Mario Miguel Carrillo Cubillas indicó que el dictamen contempla eliminar 14 fideicomisos que el PJF maneja a discreción y que estos son compensaciones adicionales. Por su parte, el panista Héctor Saúl Téllez Hernández apuntó que la propuesta es agresiva y atenta contra la progresividad de los derechos de los trabajadores.
Ahora, los fideicomisos se establecen para un fin específico y en los hechos constituyen un dinero etiquetado.
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El 24 de julio pasado apareció en el Diario Oficial de la Federación información relativa a los movimientos de los fideicomisos en que participa el Consejo de la Judicatura Federal, enlistando cuatro. Estos fueron el 80692, para pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados; el 80693, para el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces -compuesto por aportaciones de los mismos funcionarios vía descuentos de nómina; el 80964, apoyos médicos complementarios y apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del PJF, y el 80695, para el desarrollo de infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia federal. Este último es el único que acerca la infraestructura de impartición de justicia, pero entre el 31 de marzo y el 30 de junio ingresó casi 127 millones de pesos, mientras que egresó poco menos de 65 millones de pesos. Su saldo era de poco más de 4 mil 246 millones de pesos; es decir, apenas y se ejerce.
Igualmente, entre los fideicomisos en los que participa la SCJN se encuentran el 80691, de pensiones complementarias para mandos superiores; el 80690, de pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo; el 80688, un plan de prestaciones médicas, y el 2125, que es el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, que del 1 de abril al 30 de junio ejerció 234 mil 447. 6 pesos, que correspondió al pago de honorarios a fiduciarios por administración; mientras que obtuvo rendimientos por más de 20 millones de pesos.
Resulta cuestionable en cómo afectará la extinción de estos fideicomisos a la impartición de justicia, sobre todo cuando los que sí tienen por objeto fortalecer esta importantísima labor apenas y tienen movimiento. En cuanto a que existan fondos para pensiones complementarias, mientras estas no sean un derecho para todos los trabajadores al servicio del Estado, serán un privilegio de una burocracia dorada.
Queda pendiente si la comisión es competente para dictaminar una reforma legal a leyes que no forman parte de la materia presupuestal y de la cuenta pública, lo que podría facilitar la revocación de la reforma, en caso de que esta se apruebe.
La SCJN ya dijo que 12 de los 14 fideicomisos no se integran con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación y ha aclarado el destino de parte de ellos, pero esto difícilmente cambie la percepción de que se trata de fondos destinados a privilegios a los que no tiene acceso cualquier trabajador.
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