La bolsa del presupuesto sin límites

Sería necesario tener la piel muy dura para no tener empatía con la población de la costa grande de Guerrero, no solamente la de Acapulco, donde se ha concentrado la atención mediática. Es entendible: se trata de la urbe más grande de la zona, además del primer gran destino turístico de México y, junto con Cancún, el mayor atractivo de sol y playa de México, que hoy día se encuentra postrado tras el paso del huracán Otis.

Sí, la desesperación es real, porque aunque se restablezca la red eléctrica y la conectividad, la principal fuente de empleos ya no está ahí. Con ocho de cada 10 hoteles afectados, y la flota de recreo reducida a astillas, la idea de reconstruir se antoja como un futuro muy lejano que exigirá sacrificios de hambre y vidas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de este lunes, indicó que los apoyos a los damnificados se mantendrán y que se tiene un presupuesto “sin límites”, y luego presumió que se tienen en caja 600 millones de pesos, porque el país tiene finanzas sanas. 

Contar con dinero en caja es una cosa, destinarlo a apoyar a las poblaciones afectadas es otra cosa. Se escucha fácil, pero el dinero público tiene un destino fijado por ley en el Presupuesto de Egresos. Es entonces cuando caemos en cuenta que no existe algo como un presupuesto sin límites, aunque sea urgente levantar a Acapulco no únicamente por sus habitantes, sino por lo que el puerto representa para la economía nacional.

Hay que reconocer también que el extinto Fondo de Desastres Naturales (Fonden) tampoco era la panacea. Esto no necesariamente porque “se lo robaban” sino porque, aparte de que al ser un fideicomiso conllevaba gastos administrativos, tampoco era un arca abierta y mucho menos una cornucopia. Hoy quedan 18 mil millones de pesos de lo que fue este Fondo, pero el tamaño de la emergencia supera y por mucho esa cantidad. 

Cuestión aparte es que la liquidez del gobierno sea resultado del combate a la corrupción y a una mayor eficiencia en la recaudación fiscal después de cinco años de administración; es decir, cuando ya se le cobró a los deudores más grandes, por lo que tampoco es de esperarse un aumento notorio en los ingresos sin que implique más impuestos.

El tamaño de la tragedia ya rebasó a los gobiernos municipales y estatales, pero seguimos esperando la atención amplia por parte del Ejecutivo federal. Debe entenderse que, también por la dimensión de los daños, esta respuesta no puede limitarse a enviar al Ejército a aplicar el Plan DN-III -E, o a que la Comisión Federal de Electricidad restablezca el servicio y abandone el estado; sino que debe brindar atención integral a la población y comprender el despliegue de cuerpos de seguridad, garantizar el acceso al agua, alimentos y la atención a la salud de los damnificados, y al mismo tiempo restablecer los servicios públicos restaurando la infraestructura carretera, de electricidad, salud y educación. En varios casos será necesario destruir edificios que quedaron endebles tras el paso de Otis, y eso exigirá más del presupuesto; hay atención a la tragedia, pero aún es necesario hacer llegar más recursos, tanto humanos como económicos.

La necesidad de levantar Acapulco trajo también el ofrecimiento de laureles al Poder Judicial de la Federación (PJF). López Obrador ha propuesto que el dinero de los 13 fideicomisos de ese Poder que el Congreso determinó cancelar, alrededor de 15 mil millones de pesos, se destine a un fondo para apoyar a los damnificados de Acapulco.

Al respecto, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, se dijo dispuesta a dialogar sobre el destino de ese dinero, lo que constituye un buen paso tanto para los acapulqueños como para la relación entre el Ejecutivo y el Judicial, que se ha desgastado en los últimos años, y si bien en una república deben existir contrapesos, tampoco es sano el enfrentamiento continuo entre poderes.

Por lo pronto lo urgente es brindar a Guerrero el apoyo que tanto necesita y que empiecen a fluir los recursos y donativos que los mexicanos están enviando. La desgracia es también la oportunidad de brindar mejores servicios a la gente que ha encontrado el sustento precisamente en el trabajo de servir a otros en la industria turística a la que apostó ese puerto casi en exclusiva.

Mientras, el Congreso deberá decidir también cómo se atenderá la emergencia a través del presupuesto 2024. El momento exige dejar de lado el interés partidista, aunque esto se antoja sumamente difícil. Sin embargo, de mantener el ánimo de politiquería serán los guerrerenses quienes les cobren la factura. Ayuda demorada es ayuda interesada, y esa no le sirve al país. 

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Edición: Estefanía Cardeña