Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el plan de 20 puntos para la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez, el área que devastó el huracán Otis la semana pasada. Al dar a conocer una cantidad global, anunció que el gobierno federal invertirá 61 mil 313 millones de pesos en lo que resta de este año.
Si antes, López Obrador señaló que los recursos destinados a apoyar a los acapulqueños eran ilimitados, el hecho de contar con una cifra sería indicativo de lo contrario. Eso sería lo fácil, pero si reconocemos que se trata de una cantidad cuatro veces superior a lo que se tiene en este momento en la Tesorería como lo recuperado del extinto fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), debemos admitir que la suma es más que considerable. Si además hay el anuncio de que si estos recursos son insuficientes, se buscará la ampliación, estamos ante un esfuerzo financiero muy grande, resultado de la mejora en la recaudación y la disciplina en el gasto. Eso habla de responsabilidad en el manejo del dinero de los mexicanos.
Al mismo tiempo, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) advirtió que la reconstrucción de Acapulco llevará por lo menos dos años porque los daños fueron mayores, y aunque la iniciativa privada ha reconocido que lo urgente es llevar alimentos a la población afectada, su preocupación principal es reactivar el turismo, “que es lo que deja mayor derrama económica a Acapulco”.
En la misma reunión de industriales, celebrada en el Museo Soumaya de la Ciudad de México, el empresario Carlos Slim Helú resaltó que gobierno e iniciativa privada deben trabajar juntos para reactivar la economía mediante acciones coordinadas, aunque debe destacarse que el papel de los empresarios es volver a la actividad, una vez que cuenten con las condiciones. Esto implica reconstruir la parte que les toque en sus propiedades, mientras que el gobierno tiene la obligación de restablecer la infraestructura y servicios públicos.
El plan de 20 puntos del gobierno federal es, hasta el momento, la respuesta mejor estructurada a un desastre natural que se ha dado en el país. Anteriormente hemos sido testigos de comportamientos extremos por parte del Ejecutivo: desde el silencio y desatención de Miguel de la Madrid ante el temblor de 1985, hasta quienes dejaron todo en manos de las autoridades locales, limitándose únicamente a recibir la gestión del dinero del Fonden, sin mayor intervención.
En esta ocasión la respuesta puede llamarse de Estado. Seguramente quienes tengan la responsabilidad de ejecutarla hallarán que es perfectible, aunque de entrada contempla la entrega de apoyos directos a familias damnificadas, incluyendo la reposición de enseres y dinero para la reparación de viviendas. Habrá quien haya perdido todo y que el apoyo no le alcance para edificar de nuevo, pero aun esto es completamente distinto a dejar en el abandono.
Hay acciones que puede decirse que son más que nada simbólicas, como apoyar y acompañar a los familiares de quienes perdieron la vida por el huracán e intensificar la búsqueda de los desaparecidos; esto último es una obligación elemental, pero en conjunto son rasgos que definen a este gobierno como empático ante la desgracia.
Igualmente se contemplan apoyos para pequeñas y medianas empresas, así como medidas como exenciones de impuestos, prórrogas de pagos al Infonavit, Fovissste e IMSS, la suspensión del cobro de IVA e ISR, y la absorción, por parte de la Secretaría de Hacienda, de la mitad de los intereses a los hoteleros que contraten un crédito con la banca comercial. Medidas que podrían calificarse de neoliberales, pero al ser de aplicación focalizada se vuelven fácilmente auditables.
Levantar a Acapulco nuevamente será una empresa titánica, pero al tener un plan y la coordinación entre el gobierno de Guerrero y la Secretaría de Gobernación, es plausible esperar que el puerto será incluso reordenado con un espíritu de justicia social y habrá un mejoramiento y ampliación de las líneas de distribución de agua, drenaje y alumbrado público, de manera que dejen de existir colonias sin estos servicios.
Próximamente, los empresarios deberán empezar a recibir el pago de los seguros que hayan contratado. Esperemos que este dinero se aplique responsablemente a la reconstrucción de negocios y pronta recontratación del personal. Facilidades fiscales, en esta ocasión, las tienen.
Edición: Estefanía Cardeña
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