Guerrero, frente a una mala combinación

Uno de los principales síntomas de debilidad de un Estado es la incapacidad de garantizar la seguridad de la ciudadanía tanto en su persona como en sus bienes, tanto ante amenazas de orden humano como desastres naturales. En una república, esta tarea tiene distintos niveles de responsabilidad.

En todo el país, cada 19 de septiembre se conmemora el Día Nacional de Protección Civil. La elección de la fecha es un esfuerzo por transformar el recuerdo de una de las grandes tragedias en la historia del México actual en una jornada que una a toda la población en un espíritu de conocer y aplicar, si volviera a repetirse un desastre natural de esa magnitud, las medidas preventivas establecidas para minimizar las pérdidas humanas y, en el caso de las autoridades, vigilar el cumplimiento de la normativa en materia de construcciones y seguridad.

Los efectos del paso del huracán Otis en Guerrero han dejado al descubierto que los avances en materia de protección civil han sido desiguales en todo el país. Por supuesto que existen diferencias regionales que hacen que algunas entidades presten más atención a la posibilidad de inundaciones o temblores que al impacto de un huracán, pero de ahí a no contar con protocolos de actuación antes, durante y después de una situación de emergencia provocada por un fenómeno atmosférico o un sismo hay una gran diferencia que implica dejar desprotegida a la población y, por lo tanto, incumplir con las funciones de un Estado.

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En el caso de Otis, debe reconocerse que no se tuvo un pronóstico de los daños dada la rápida intensificación del meteoro, que en unas cuantas horas pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5. Sin embargo, las autoridades locales debieron tener conocimiento de los posibles daños que provocaría un ciclón en la zona impactada y así prever las acciones necesarias para atender a la población afectada.

Esto es responsabilidad de las autoridades locales. Saber que Guerrero carece de un plan de emergencia, de un programa de protección civil y que su atlas de riesgos todavía se encuentra en preparación da una idea muy concreta de qué tan importante ha sido la previsión para los gobiernos pasados y el actual. Las consecuencias de este incumplimiento se traducen en historias de guerrerenses en busca de las autoridades con un denominador común: la falta de información que les ayude a localizar a quienes deben censar las viviendas afectadas, o de cómo obtener el auxilio de la autoridad para resguardar las pertenencias que no les arrancó el huracán.

Cuando el gobierno federal está desplegando al Ejército y la Guardia Nacional para brindar seguridad frente a la rapiña, y a los Servidores de la Nación para levantar el censo de viviendas afectadas, y haciendo lo que le toca para restablecer la infraestructura de electricidad y comunicaciones, pero las autoridades locales aún no restablecen plenamente los servicios básicos como el agua potable y la recolección de basura, se está frente a una mala combinación en la que sale perdiendo una ciudadanía ya de por sí perjudicada, y ahora con motivos para desconfiar de sus autoridades inmediatas.

Una ciudadanía que padece, además del paso de un huracán devastador, la falta de previsión y el distanciamiento de las autoridades por las que votó, termina hallando motivos para cuestionar la legitimidad de éstas. Como dejó ver el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, la falta de respuestas lleva a movimientos sociales que pueden terminar por romper la inercia de la vida política nacional.

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Edición: Estefanía Cardeña