La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumplió 107 años de ser promulgada este 5 de febrero, fecha que comparte con su antecesora de 1857, la cual fue causa de una cruenta guerra fratricida.
La importancia de este documento es que se trata de la primera ley que el pueblo se da a sí mismo, reconociendo la extensión de su territorio, los derechos básicos e irrenunciables de sus ciudadanos, y las características de su gobierno. Es por eso que para reformarla se requiere de la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, así como de su aprobación en la mayoría de las legislaturas estatales.
La conmemoración de este día, que de alguna manera debió ser una ceremonia que tendiera hacia el reconocimiento de los elementos que, a pesar de nuestras diferencias, nos unen como integrantes de una nación, fue de confrontación entre los tres poderes de la Unión. Por un lado, en el Poder Judicial, la intervención del ministro Alberto Pérez Dayán remarcó que “por encima de la Constitución, no hay poder alguno, nada ni nadie; y no permitamos que esto se olvide o se confunda”, a lo que agregó: “Defender la Constitución es defender al pueblo mismo, aunque no siempre se quiera atender así. Duele escucharlo, lo sé, pero más doloroso sería dejarlo pasar (...) hacer cumplir la ley es uno de los actos democráticos más genuinos del servicio público”.
En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso un paquete de reformas constitucionales que echarán por tierra el marco jurídico en materia de pensiones creado durante los gobiernos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón porque “afectan injustamente a los trabajadores del IMSS y del ISSSTE pues les impiden jubilarse con el 100 por ciento de su salario”.
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La reforma en materia de pensiones y jubilaciones es la estrella en el paquete enviado. El Congreso tiene ya en sus manos 17 propuestas de reforma a la Constitución y dos a leyes secundarias, que “reivindican los derechos de la población y que nuevamente retoman el sentido social de la Constitución”, según indicó Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación. Durante la recepción de las propuestas únicamente estuvieron presentes los diputados del bloque Juntos Hacemos Historia, mientras que los de los opositores PRI, PAN y PRD hicieron vacío.
El momento por el cual atraviesa México es otra de tantas coyunturas en torno a su continua construcción como nación. El enfrentamiento entre los poderes es de nuevo el difícil tránsito entre lo que existe en las leyes, desde la Constitución, hacia lo que se espera será una mejor etapa en la vida nacional; lamentablemente, la energía que pudiera dedicarse al estudio y mejoramiento de la legislación se pierde en el proceso electoral y la sucesión presidencial.
La tensión es porque por un lado se ve la defensa de la Constitución como si ésta debiera ser un texto tallado sobre piedra, como las bíblicas Tablas de la Ley, y sin embargo el vivir en una república hace posible que el cambio sea posible, conforme la misma nación considera que es necesario ajustarse a los nuevos tiempos. No en balde, para 1904, cuando apenas quedaban vivos tres diputados constituyentes de 1857, era posible que éstos dijeran: “El día que faltemos nosotros, hija nuestra, ni Dios Padre te va a reconocer con tantas formas y contra reformas”. Aquellos legisladores eran Juan Méndez, Félix Romero e Ignacio Mariscal.
A partir de 1869, tras la derrota del Segundo Imperio, la papelería oficial concluía con la leyenda “Constitución y Reforma”, dando a entender que la guía del gobierno nacional era una Carta Magna que había costado mucha sangre, y las Leyes de Reforma. Desde entonces, México enfrenta periódicamente la necesidad de hacer cambios en sus leyes, algunos de los cuales bien pueden calificarse de parches y remiendos que han terminado por despojar de su espíritu original a los documentos fundamentales. Sin embargo, una nación fuerte es la que debe calificar a los poderes que actúan en su nombre.
Edición: Ana Ordaz
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