Jubilaciones: entre la promesa y la viabilidad

Desde que inició el presente año, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en la mesa de debate el tema de una reforma al régimen de pensiones y jubilaciones y su aspiración de que los trabajadores se retiren con el 100 por ciento de su último sueldo cuando sea el momento; esto en un acto de justicia, considerando el monto que reciben desde que entró en vigor la reforma al sistema en 1997, impulsada por el entonces presidente Ernesto Zedillo.

Antes de esta reforma, recalcó López Obrador en su conferencia de prensa diaria, los trabajadores se jubilaban con el 89 por ciento de su salario, pero con la reforma de Zedillo este porcentaje se desplomó al 25 por ciento.

Resulta de justicia elemental que un trabajador en el retiro cuente con una jubilación digna, no solamente porque durante el tiempo en activo contribuyó al sostenimiento del país con el pago de sus contribuciones directas, como el Impuesto Sobre la Renta, o la parte proporcional de su cuota al Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, parte de la narrativa que se manejó durante la administración de Zedillo sigue estando vigente: la población mexicana está envejeciendo y va hacia la inversión de la pirámide, de manera que serán pocos trabajadores jóvenes sosteniendo a muchos jubilados.

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Y aunque se trate de justicia social, otra clave está en el cómo, sin que esto implique que las aportaciones patronales incrementen a tal grado que el costo de operar en la formalidad resulte insostenible. Este es un punto en el cual la voz del sector privado debe escucharse, pero al mismo tiempo debe aplicarse una política para disminuir el porcentaje de negocios en la informalidad.

El otro factor es cuánto dinero público se destinará a jubilaciones y pensiones. El pasado 31 de enero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que durante 2023 destinó un billón 302 mil 736.1 pesos a este rubro, equivalente al 16 por ciento del gasto público del año pasado.

Este miércoles, ha sido la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien ha dado a conocer la intención de fondear el costo de la reforma que promueve el Presidente con recursos provenientes del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, la liquidación de la Financiera Rural; la venta de los terrenos de Fonatur, el cobro de adeudos a empresas, así como, posiblemente, el presupuesto que actualmente se asigna a organismos autónomos o los 15 mil millones de pesos que el Poder Judicial de la Federación tiene en fideicomisos.

De entrada, los recursos disponibles están limitados y no suponen una fuente constante de ingresos. El plan de fondeo bien lo habría podido firmar don Félix María de Samaniego, en recuerdo a su cuento de la lechera. Se depende casi por completo de ingresos variables o que se encuentran en un litigio pendiente de resolver, como es el de los fideicomisos del Poder Judicial. 

Igualmente, en cuanto al presupuesto para los organismos autónomos, está sujeto a lo que decida el Congreso sobre la iniciativa de desaparecerlos, algo que la oposición ya anunció que no apoyará. Entonces, conformar la bolsa para el fondo semilla es ya una dificultad política.

De ahí la importancia de la discusión que se dé en el Congreso, y por qué las 18 reformas constitucionales contenidas en el paquete enviado por el Presidente están ligadas unas con otras. Difícilmente se aprobará garantizar que los trabajadores se jubilen con el 100 por ciento de su último sueldo si no se venden los terrenos de Fonatur, o las empresas se encuentran al día en el pago de sus impuestos al punto que no haya multas o créditos fiscales pendientes de pago. Cumplir la promesa depende, en última instancia, de que haya dinero en las arcas.

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Edición: Estefanía Cardeña