La violencia hacia las mujeres y atención a grupos vulnerables a debate

Sara Esperanza Sanz Reyes

El día 7 de abril se llevó a cabo el primer debate entre las candidaturas a la presidencia de México. A partir del minuto 83 iniciaron las preguntas del bloque sobre “Discriminación, violencia de género y grupos vulnerables”. Los temas de las preguntas que plantearon tanto los moderadores como las enviadas por la ciudadanía fueron sobre migración, atención a la violencia de género y acceso a la justicia, mujeres indígenas, infancias, adopción homoparental, comunidad LGBTTTI, personas con discapacidad, adultos mayores y maltrato animal. Las respuestas también fueron variadas, algunas basadas en evidencias, otras enunciando estrategias o programas existentes o recurriendo a expectativas políticamente aceptables. En esta ocasión, revisaré las respuestas que dieron sobre el acceso de las mujeres a la justicia, mujeres y hogares vulnerables, así como relativo a la formación de un Sistema Nacional de Cuidados (SNC) porque son de interés del espacio de observación de Género y Sociedad en el ORGA. No puntualizaré sobre quién dijo qué, sino en términos de propuestas generales.

En primer lugar, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los meses de enero y febrero, 346,844 mujeres denunciaron haber sido víctimas de algún delito. Sobre el delito de Feminicidio, el mismo informe señala que en el 2023 ocurrieron 830, en el 2022, 960; en el 2021, 981 y en los primeros dos meses del año, van 112 (SESNSP, 2024). Las propuestas para resolver este lacerante problema versaron sobre el seguimiento de las llamadas de emergencia o creación de una línea ad hoc, proporcionar atención psicológica, trabajadoras sociales y abogados. Estas estrategias ya están previstas por la legislación y en los protocolos de atención. Sin embargo, no explicaron cómo van a transformar estos servicios para lograr mayor cobertura y eficacia. 

Por ejemplo, actualmente los salarios de las servidoras públicas de los centros de atención (rosas o violetas según sea el nombre que cada sexenio dispongan ponerle) continúan siendo transferencias federales a los que se accede a través de convenios. No constituyen puestos de trabajo permanentes, ni con seguridad social que permitan aprovechar las capacitaciones y experiencias. Es decir, el equipo de primeras respondientes a la violencia de género en nuestro país padece violencia en relación con su condición laboral. 

Otras de las propuestas para “acabar con el Patriarcado” fueron el acceso a la salud mental (no se puntualizó si es para varones o mujeres víctimas), aumento de refugios o sacar al agresor de las casas en lugar de que las mujeres y sus familias recurran a refugios, empoderar a las mujeres a través de gabinetes paritarios y becas para mujeres y niños/niñas. 

En segundo lugar, las propuestas para mejorar la calidad de vida de las mujeres en condición de pobreza se centraron en mantener o aumentar los programas sociales, con preponderancia en las transferencias monetarias condicionadas. También se mencionó la construcción de vivienda por parte de INFONAVIT y más inspectores en los espacios laborales para proteger los derechos de trabajadoras. No obstante, temas como educación, capacitación progresiva, seguridad alimentaria y protección de las infancias brillaron por su ausencia. Hay que recordar que, en México, 36.9 por ciento de las mujeres no cuentan con los ingresos para adquirir bienes y servicios básicos, alimentarse, vestirse, transportarse o acceder a una vivienda y que se les vulnera al menos un derecho básico como la educación, la salud, seguridad social, frente a 35.6 por ciento de varones en las mismas circunstancias (CONEVAL, 2024) 

En tercer lugar, un candidato mencionó en dos ocasiones la necesidad de crear el SNC y una de las candidatas asumió que también era necesario. No fue a pregunta expresa, pero lo mencionaron como una respuesta a la desigualdad. Diseñar un SNC implica tejer un sistema de protección social y colocar al Estado como garante de la organización del cuidado, ¿Cómo se haría esto?, la respuesta no fue concluyente. En suma, el tema del bloque tres que agrupó las problemáticas de mujeres, infancias, migrantes, comunidad LGBTTTI, pueblos originarios, personas mayores y con discapacidad, poblaciones que aún se asocian con “minorías” resultó ser el gran tema de cómo abordar la desigualdad en nuestro país, la violencia y el acceso a una vida digna. En detrimento del debate político y ciudadano se abordó con muy pocos datos y diagnósticos. Entonces, la pregunta es ¿cómo transitar de políticas públicas donde los políticos tengan la última palabra hacia políticas basadas en evidencias? Con esta voluntad, en ORGA, trabajamos en investigaciones que después sean socializadas con quienes toman las decisiones para aportar a una mejor gestión pública. 

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Edición: Fernando Sierra