El derecho al desarrollo

Carlos Ricardo Aguilar Astorga

Cuando afirmamos que la política pública es la reivindicación de lo público de la política, intrínsecamente pensamos en la posibilidad del desarrollo. ¿Es viable y factible pensar que la sociedad tiene posibilidades de participar en su propio desarrollo? O bien, ¿debe éste descender de actores y entidades externas?

El 4 de diciembre de 1986, la Asamblea General de la ONU, adopta la Declaración sobre el derecho al desarrollo, en ella, se establece que: “El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.” (art 1, DDD), es decir, en lo individual y en lo colectivo, la participación no se reduce a recibir información o participar en votaciones, sino en diseñar, implementar y evaluar acciones que reviertan problemas públicos. Dicho en otras palabras, el derecho al desarrollo es la posibilidad de una participación efectiva en políticas públicas. Esto es lo que hace pública a la política, diferenciándolo de las meras acciones gubernamentales o políticas de gobierno.

Los derechos humanos tienen una amplia aceptación en la actualidad; sobran en discursos, pero muchas veces están ausentes en las acciones. Por lo que el derecho al desarrollo tiene la oportunidad de ser una puerta para pasar de lo discursivo a realidades tangibles, esto mediante las políticas públicas que sean afines a la riqueza de la cultura política.

Ciudadanía y gobiernos frecuentemente se encuentran distanciados. Ciudadanía y decisiones públicas a veces tiene una separación poco entendible; parece ser que esa distancia es simétrica con el crecimiento de los problemas cuya complejidad va en aumento. Dicho en forma de pregunta ¿la interrelación y la re-complejización de los problemas públicos se explica en buena parte por el control político a la participación real de la sociedad? Esto no es nuevo ni mucho menos reciente, ya en sus tiempos Maquiavelo, explicaba su idea republicana de manera inmejorable: “Además vemos que las ciudades donde los pueblos son soberanos hacen en breve tiempo extraordinarios progresos, mucho más grandes de los que siempre ha habido bajo un príncipe, como lo hizo Roma después de la expulsión de los reyes y Atenas después de liberarse de Pisístrato. Lo que sólo puede nacer del hecho de que los gobiernos de los pueblos son mejores que los gobiernos de los príncipes […]” (Libro LVIII; PdTL; 194). Con base en lo anterior, queda claro que el florentino, opta claramente por un acercamiento entre gobernantes y gobernados.

La cultura política no sólo da cuenta de la ciudadanía, sino también explica la de los gobernantes, de modo tal que muchos de sus imaginarios, valores, ideas, ideologías, etcétera, muestran una postura acrítica a los valores republicanos, como si la investidura política autorizara a escuchar a un solo partido político y descalificara las demás voces.

Lo contrario al derecho al desarrollo es perpetuar la idea de que la ciudadanía debe ser -en términos de mercado- pasiva, obediente y productiva. En general, los derechos humanos y en específico, el derecho al desarrollo busca contraponerse a la idea de la uniformidad de las conciencias. De ahí su importancia. 

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Edición: Fernando Sierra