El presidente Joe Biden promovió y firmó una ley para que el gigante chino de redes sociales ByteDance venda la aplicación TikTok en un plazo de un año o será prohibida en las tiendas de aplicaciones y los servidores localizados en Estados Unidos, lo que haría imposible descargarla o acceder a sus contenidos desde ese país. Ayer, la compañía presentó una denuncia en la que plantea que el ultimátum es inconstitucional, y tanto la propia empresa como organizaciones de derechos civiles, personalidades y usuarios de a pie se han manifestado en rechazo a este golpe contra la libertad de expresión.
La embestida de Washington contra TikTok se remonta a 2020, cuando esta plataforma se convirtió en fenómeno global y comenzó a desplazar a las redes sociales dominantes, sobre todo entre el público joven. Desde entonces, legisladores y funcionarios estadunidenses han insistido en que su uso representa un peligro de sustracción de datos y espionaje del gobierno chino. Al contrario de la documentada colaboración de Google, Meta (propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp, entre otras) y demás gigantes tecnológicos con autoridades y agencias de espionaje de la superpotencia, no se ha presentado ninguna prueba de que ByteDance abra sus datos a Pekín. Además, esta preocupación quedó resuelta con el almacenamiento de todos los datos generados en Estados Unidos en servidores alojados en esa misma nación, medida que TikTok tomó bajo presión de la Casa Blanca y que le costó más de mil 500 millones de dólares.
Está claro que los argumentos sobre la seguridad nacional y la salvaguarda de la información de los ciudadanos es mera retórica propagandística. En los hechos, la hostilidad contra ByteDance puede rastrearse a tres vertientes principales: la económica, la tecnológica y la de control del discurso. En el primer aspecto, se inscribe en la guerra comercial desatada por el ex presidente Donald Trump con el expreso propósito de contener el crecimiento de la economía china y revertir el déficit en la balanza de pagos de bienes –no así de servicios– contraria al país norteamericano. En lo tecnológico, es parte de los manotazos de Washington para detener los avances chinos en cada vez más rubros. En su desesperación, al verse rebasado por el gigante asiático, Estados Unidos recurre a todas las formas de coerción a su alcance, con las sanciones y las restricciones comerciales como mecanismos centrales. Debe recordarse que el ataque contra TikTok no es una excepción, sino parte de un patrón que se hizo visible con el veto contra Huawei, líder mundial en sistemas de telefonía móvil, y ha continuado con la guerra de los chips, la batería de acciones dirigidas a impedir que China fabrique o adquiera semiconductores de punta.
En cuanto al control del discurso, debe notarse que TikTok es la única red social de alcance mundial que no se originó en Estados Unidos ni tiene dueños de esa nacionalidad, por lo que no forma parte del aparato de difusión hegemónica que las clases dominantes estadunidenses tienen en sus plataformas digitales y medios de comunicación. En este sentido, es necesario reconocer que Pekín tiene una actitud simétrica: el público chino no puede acceder a Google, Facebook ni otros sitios de Internet que, a juicio de las autoridades, pueden convertirse en vehículos de subversión y penetración de agentes extranjeros. La diferencia radica en que Pekín no va por el mundo calificando el desempeño de otros estados en materia de derechos humanos, democracia y libertad de expresión ni mucho menos derrocando gobiernos para imponer regímenes amigables con el libre comercio, mientras Washington se declara campeón de todos estos ideales que, según se confirma ahora, sólo defiende a su conveniencia.
Más allá de exhibir de nueva cuenta la hipocresía estadunidense, ni la venta ni la prohibición de TikTok en ese país pueden traer saldos positivos. Por el contrario, implican daños al comercio, la economía, el desarrollo y la libertad de expresión. Si China responde a esta provocación, se caerá en una escalada de sanciones de consecuencias económicas cuya magnitud es incalculable, pero sin duda resultarán sumamente costosas, sobre todo para Estados Unidos.
Edición: Estefanía Cardeña
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