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Foto: Juan Manuel Valdivia

Desde que México adoptó el sistema republicano para elegir a sus autoridades, el cual requiere que la nación acuda periódicamente a las urnas para, con su voto, otorgar legitimidad a sus gobernantes y representantes legislativos, el concepto de democracia y ejercicio del sufragio libre e informado se encuentra en el terreno de lo ideal. Incluso durante el siglo XIX, cuando las elecciones eran indirectas, es posible encontrar testimonios de compra y coacción a los electores, delimitación arbitraria de distritos electorales, persecución y asesinato de candidatos, y robo de urnas.

El siglo XX, con la adopción gradual de la elección directa por sufragio universal, no implicó grandes cambios y el vocabulario electoral se enriqueció con términos como “operación tamal”, “ratón loco”, “taco de voto”, “carrousel de votantes”. También fueron documentándose prácticas como el condicionamiento de la entrega de apoyos, despensas y dinero en efectivo o monederos electrónicos al voto por determinado partido o candidato; quienes estaban a cargo de la operación y dirección de la logística recibieron el mote de “mapaches”, algunos de los cuales son recordados por nombre y apellido en cada entidad federativa.

El presente milenio retomó la medición de violencia y de casos en que ésta es ejercida contra candidatos. La diferencia con las centurias precedentes es que la persecución, amenazas y asesinatos son cometidos mayormente por el crimen organizado, que se ha vuelto factor decisivo de las elecciones en algunas zonas del país. Este martes, Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), rechazó la cifra de 34 aspirantes a cargos de elección popular asesinados en el país, aunque admitió 22 víctimas en el actual proceso electoral. Habría que agregar que, como la misma secretaria indicó, se han reportado cuatro asesinatos de precandidatos y 10 homicidios de aspirantes que aún no se encontraban registrados ante sus partidos o el Instituto Nacional Electoral (INE). Se trata pues, de semántica más que de numeralia. Lo grave será, siempre, la pérdida de vidas durante un proceso electoral; la democracia debe ser siempre la solución pacífica a una crisis política, y eso es irrenunciable para cualquier nación.

En Puebla se dio a conocer que desconocidos robaron un vehículo a un capacitador electoral, con 695 boletas para la gubernatura, diputados locales y ayuntamientos, respectivamente; esto impediría la votación en una casilla el próximo domingo. Hasta el momento, éste es un incidente aislado pero al mismo tiempo indicador de que en aquella entidad hay quienes se encuentran operando, como aquellos “mapaches”, para controlar lo que debiera ser la expresión libre de la ciudadanía en las urnas, imposibilitando el ejercicio del derecho a sufragar.

En 1910, Francisco I. Madero sostenía que para llegar a una democracia madura era necesario superar las prácticas que impedían el sufragio efectivo. La realidad de entonces lo convirtió en perseguido y preso político. Más de un siglo después, como país continuamos enfrentando obstáculos para alcanzar una democracia plena. La responsabilidad no es de nuestra clase política, pues ésta no se encuentra desconectada de la sociedad; al contrario, forma parte de ella. Como sociedad entonces, admitir que las elecciones sigan celebrándose con prácticas de compra y coacción del voto, condicionamiento de apoyos, o que algún candidato sufra amenazas o incluso pierda la vida violentamente, es una irresponsabilidad colectiva.

El primer paso para llegar a esa democracia es acudir a la cita con las urnas, votar libremente, incluso si se acepta la despensa, el monedero o el efectivo. La participación es el ingrediente que concede legitimidad a quienes resulten electos, y al mismo tiempo inhibe cualquier intento de presión para controlar el voto; en fin, es la clave para alejar a los mapaches.

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Lea, de la misma columna: Maromas al cuarto para las 12

 

Edición: Fernando Sierra


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