Septiembre próximo será un mes muy importante en la determinación del rumbo que tome el país en la transición de gobierno. El estreno de una nueva fecha para la toma de posesión de la primera Presidenta de México, —determinada en los recientes cambios constitucionales—, no será el 1 de diciembre, sino el 1 de octubre. Y nadie quiere ahora un octubre negro como solía ocurrir en los sexenios anteriores en los que recurrentemente se producía un diciembre de inestabilidad o de crisis declarada sin más. Ante los escasos contrapesos políticos que tendrá Morena en el Congreso de la Unión, tanto desde el punto vista cuantitativo como cualitativo (imagínense a Alito y Marko a la cabeza), los contrapesos económicos del mundo globalizado y de los capitales especulativos ya han empezado a manifestarse, particularmente, —como suele ocurrir en coyunturas similares—, en el mercado bursátil y en el mercado cambiario. La semana previa a la elección del 2 de junio el tipo de cambio se ubicaba por debajo de los 17 pesos por dólar y esta semana se cotiza abajo de los 19. Por su parte, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores perdió en la semana posterior al domingo de la elección casi cuatro puntos. Todo se originó como consecuencia a mi juicio de una declaración apresurada del presidente López Obrador, quien el mismo lunes 3, ante el impresionante resultado electoral, señaló que las reformas constitucionales que ha propuesto se aprobarían en el mes de septiembre. En automático algunas de las grandes empresas monopólicas de México empezaron a incrementar la demanda de dólares como presión al gobierno ante la evidente debilidad que la oposición partidista tendrá en el Congreso. Al paso salieron de inmediato la dra. Sheinbaum y el Secretario de Hacienda, la primera ratificando que Rogelio Ramírez de la O había aceptado su invitación de permanecer en el cargo como parte de su gabinete presidencial. Durante la semana algunos corifeos de diputados de Morena, irresponsablemente, insistieron en el tema del procesamiento de las reformas constitucionales propuestas por el presidente para llevarse a cabo en el mes de septiembre, en particular la del poder judicial de la federación, y no fue sino hasta el lunes 10 de junio, una vez que la reunión entre el presidente y la presidenta virtualmente electa, dio como resultado una estrategia definida al respecto. Solo un paquete de reformas, más algunas que incorporará la nueva administración, serán enviadas al Congreso, una vez que inicie el período ordinario de sesiones el 1 de septiembre. En particular, con respecto a la iniciativa de reforma al poder judicial de la federación, la doctora Sheinbaum señaló la necesidad de una discusión abierta, que incorpore a todos los especialistas antes de que entre el nuevo Congreso. Esto es, una discusión muy amplia y no solamente la que haga la Comisión Permanente. Esta claro: el mensaje es mesura y amplia discusión. Con todo es altamente probable que estos episodios de inestabilidad cambiaria se mantengan a lo largo de los meses previos a la toma de protesta de la nueva Presidenta. Su intensidad estará determinada por los acuerdos y los mensajes que el equipo de transición de gobierno transmita a los mercados. Trabajo especial tendrá que realizar el equipo de transición de Hacienda que habrá de revisar —y en su caso, confirmar la viabilidad— de que se ratifique el documento de precriterios de Política Económica que se envió al Congreso en abril pasado y en el que la Secretaría de Hacienda estableció ya su prospectiva macroeconómica para el cierre de 2024 y el escenario de 2025. Foto: SHCP Ese documento tendrá que ser discutido y validado por el equipo de transición, con el nuevo gabinete de por medio, porque ahí se determinan los propósitos y las metas económicas del futuro inmediato, ya que el 8 de septiembre debe enviarse al Congreso como parte del paquete económico 2024-2025, que incluye los Criterios Generales de Política Económica, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la Iniciativa de Ley de Ingresos 2025, atendiendo lo que establece el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para su discusión y aprobación por parte del poder legislativo. De acuerdo con el escenario de ese documento, esta previsto que el cierre de 2024 y todo 2025 sea un período de estabilidad económica, no como un buen deseo de las autoridades hacendarias y del gobierno morenista, sino porque los fundamentos macroeconómicos son muy sólidos. Están dados y son, esos fundamentos, los garantes de la estabilidad. Las metas previstas señalan que el país crezca entre 2.5 y 3. 5 por ciento en 2024 y entre 2 y 3 por ciento en 2025. Que la tasa de inflación cierre respectivamente en 3.8 y 3 por ciento y que el tipo de cambio promedie 17.6 en este año y 17.0 en el entrante. No son números ni metas alegres. Se trata de proyecciones elaboradas sobre la base de fundamentos económicos sólidos y bajo control. Finanzas públicas sanas, una política monetaria que responde a las condiciones de los mercados nacional y estadunidense, ingresos de divisas de exportaciones petroleras y no petroleras crecientes. México es ya el primer socio comercial de Estados Unidos, ingresos por turismo crecientes, lo mismo que los provenientes de la inversión extranjera directa y niveles record de remesas. A ello agreguen un nivel de reservas internacionales de más de 212 mil millones de dólares. Como se ve, no hay razones que atribuyan a los indicadores macroeconómicos la inestabilidad de los días que corren. Los fundamentos económicos son sólidos y la propuesta de política económica para los próximos 18 meses es responsable y viable. El país puede mantener en el inicio del nuevo gobierno una trayectoria de estabilidad que permita poner en marcha los programas y los proyectos que defina la nueva administración. Sin embargo, los meses por venir son claves para que así ocurra. La mesura y el timing son dos condiciones fundamentales para el gabinete que se encargará de la transición, pero también, desde el Congreso, la mayoría morenista tiene que comportarse a la altura de las circunstancias y del compromiso que representa su condición de fuerza política mayoritaria. Francisco J. Hernández y Puente. Maestro de la UNAM. Lea, del mismo autor: Cholul, del pueblo del futuro a pueblo sin luz Edición: Fernando Sierra
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