Se trata de la participación, no de la vinculación

Pocas veces la utilidad de una encuesta va más allá de ser la medición de un sentir social en un instante específico. Las ha habido, sin embargo, que según el grado de participación tienen un ingrediente adicional, que es el de obligar a la autoridad a dirigir una política o aplicar una medida determinada.

Cuando una encuesta tiene carácter de referéndum, que es el mecanismo para someter a consulta una decisión política de particular trascendencia, suele ocurrir que se establezca un porcentaje mínimo de participación ciudadana para que ésta sea vinculante; es decir, que posea validez legal porque existe precisamente una parte representativa de la nación la está sancionando con su presencia.

Entonces a nadie debe asombrar que los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) reclamen que la encuesta que realizó Movimiento de Renovación Nacional (Morena) este fin de semana, para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la reforma constitucional al Poder Judicial, en el sentido de que sus resultados no tienen valor jurídico.

El hecho de que la encuesta sobre reformar al Poder Judicial no tenga el carácter vinculante solamente indica que su función es la de recoger el parecer de la población. El tema no es si se debe o no realizar cambios en el Poder encargado de aplicar las leyes vigentes, sino que las autoridades sepan qué tanto conoce el Pueblo de las funciones que tienen ministros, magistrados y jueces de la Judicatura Federal. 

Además, la encuesta, por sí sola, no es el mecanismo a partir del cual se decidirá el sentido de la propuesta que entrará al Congreso en septiembre próximo. Como ya se ha anunciado, habrá mesas de discusión con especialistas en investigaciones jurídicas, trabajadores del Poder Judicial, y hace falta el ejercicio de parlamento abierto. El punto central de la encuesta, entonces, es medir el grado de conocimiento general -que también puede resultar en el desconocimiento -acerca de uno de los tres Poderes de la Unión.

Entonces, el ejercicio no merece ser calificado de “simulación” y menos como un acto que entra en el abstracto bulto de “todo aquello que vulnere nuestra democracia, nuestras instituciones y los contrapesos del poder”, como han señalado Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, y Marko Cortés Mendoza, del PAN. Se trata en realidad de un acto de democracia participativa cuya realización contribuye al debate en torno a la necesidad de modificar el aparato judicial federal.

Los resultados que arroje la encuesta únicamente revelarán si quienes respondieron conoce cómo debe ser la aplicación de justicia en el ámbito federal y posiblemente dará cuenta de cómo es ésta en realidad, dependiendo de si quienes fueron encuestados han padecido lo que consideran una injusticia. De ahí que lo importante sea la participación ciudadana.