Opinión
La Jornada Maya
07/08/2024 | Mérida, Yucatán
La violencia delictiva en Chiapas lleva muchos años. La entidad posee una larga historia de conflictos y luchas que se refleja también en la expulsión de sus pobladores, especialmente los habitantes de asentamientos indígenas. La vecindad con Guatemala ha hecho que ese estado también haya sido refugio de expulsados por la guerra civil de aquel país, lo que también ha resultado en la ruptura del tejido social.
Ahora, por conflictos entre grupos delictivos, unas 200 o 300 familias huyeron de sus comunidades. “No es un éxodo”, ha reclamado el presidente Andrés Manuel López Obrador, en referencia al tratamiento que otros medios de comunicación le han dado a este hecho. Se trata, una vez más, de diferenciar entre el hecho concreto y el cómo, algunos, presentan la información.
"Nuestros adversarios y las organizaciones seudo independientes o seudo no gubernamentales, o de la llamada sociedad civil o seudo defensores de derechos humanos, están haciendo todo un escándalo", recalcó el Presidente durante su conferencia mañanera, en Palacio Nacional, este miércoles.
Vale entonces cuestionar qué es lo prioritario: la situación por la que atraviesan esas familias desplazadas, ciudadanos mexicanos avecindados en Chiapas, que se han visto obligados a cruzar la frontera a la espera de que la violencia disminuya y puedan regresar a sus hogares, o que alguien, por las motivaciones que se quiera, describa este desplazamiento forzoso y, esperemos, temporal, como un éxodo.
Es cierto que la incidencia delictiva y los homicidios han disminuido, y que las tasas de incidencia más altas se concentran en entidades como Guanajuato, alejadas de Chiapas. Sin embargo, el problema real es lo que ha motivado a esas familias chiapanecas, de Amatenango del Valle, a cruzar la frontera. La mayor preocupación es su supervivencia; impedir que los grupos criminales recluten a sus jóvenes.
A esto, la canciller Alicia Bárcena ya ha dado a conocer que, en efecto, estas familias únicamente cruzaron la frontera para refugiarse en el municipio de Cuilco, en Huehuetenango, Guatemala, y que la dependencia a su cargo, al igual que la de Gobernación y la de la Defensa Nacional ya procuran brindarles alguna atención.
La otra gran preocupación de estas familias es evitar perder sus propiedades. Por eso han permanecido relativamente cerca (para llegar de Amatenango a Cuilco, la vía más directa es recorriendo el río Cuilco), a fin de poder vigilar, de alguna manera, a sus animales y sementeras.
Entonces, el fondo de la cuestión es si el Estado mexicano puede cumplirle a estas familias la garantía constitucional de seguridad y el derecho a ganarse la vida de un modo honesto, porque precisamente están huyendo de los grupos criminales. El anuncio de la Secretaría de Gobernación, en cuanto a que impulsará en conjunto con las secretarías de Bienestar, Salud, Seguridad y Protección Ciudadana, y el gobierno de Chiapas, un plan de atención focalizado a Amatenango, es un buen punto de partida, considerando que el combate a la delincuencia organizada debe hacerse con inteligencia y protegiendo a la población civil.
Mientras exista la intención y posibilidad de retorno, no será éxodo; pero le corresponde a las autoridades crear las condiciones para que las familias desplazadas regresen a Chiapas en el menor tiempo posible y retomen su vida.
Edición: Fernando Sierra
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